Setecientos euros por cabeza

el presidente del Gobierno compareció en el Congreso para presentar su acción de gobierno. Mes y medio después de la moción de censura que le llevó a Moncloa, Pedro Sánchez habló de sacar en breve a Franco del Valle de los Caídos, de la imposibilidad de publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro, de cambio climático y de feminismo. Pero también nos explicó la necesidad de exigir un mayor esfuerzo fiscal. Una carga que, según el presidente, no afectará a los ciudadanos de a pie. Hacía tiempo que no oíamos tal cosa y que sencillamente no es verdad. El sablazo, nos cuenta, afectará a las grandes empresas para acercar el tipo efectivo al tipo nominal. En su opinión, España ha crecido gracias a la clase media y trabajadora y existen muchas desigualdades que hay que corregir. Por ejemplo, ha citado los salarios como un problema endémico, por culpa de que la capacidad de los trabajadores para negociar ha sufrido una merma.
En definitiva, se va a modificar la reforma del mercado laboral para dar más cancha a los sindicatos y habrá nuevos y viejos impuestos que recaerán sobre las empresas, como si ello no afectara a la economía, a la inversión y al empleo. Además, como se ha venido repitiendo por declaraciones de la ministra de Hacienda, la subida del gasoil, los impuestos a la banca y nuevos impuestos verdes, claro que afectará y los ciudadanos tendrán que pagar más. Primero, en forma de menos empleo. Segundo, en salarios. Si las empresas, y ya lo han dicho, ven cómo suben sus costes fiscales y laborales, no podrán subir salarios ni contratar tantos trabajadores como habían pensando.
Diego Sánchez de la Cruz, en Libertad Digital, ha hecho las cuentas y los ocho impuestos que piensa subir la administración Sánchez costará 700 euros a cada ciudadano. El objetivo de recaudación se fija en 40.000 millones, de los que 32.000 se conseguirían por subidas de impuestos. Autónomos, cotizaciones sociales, Sociedades, banca, tecnológicas, diésel, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Eso sin contar el gravamen que se quiere aplicar a las propinas o las ventas de Amazon. Obviamente, todos ellos con repercusión en los ciudadanos. La falacia de que los ciudadanos no lo van a notar ya es una vieja conocida de los españoles, que saben que de una forma o de otra acabarán pagando. Eso sí nos prometen mucha igualdad y, cómo no, es un clásico de la izquierda, un nuevo modelo productivo. ¿Será también por decreto?