CUESTIÓN DE OPINIÓN

Durante los últimos días, en el apartado de comentarios de la página web de Diario de Ferrol han aparecido reseñas relacionadas con el artículo “Columnistas”, del que es autor el que esto escribe. Hay críticas a este en el sentido de que existen articulistas de la sección de opinión que, por su condición de políticos o por el simple hecho de defender determinadas opciones y descalificar otras, no merecerían, según algunos, el hecho de aparecer en este medio. Las hay también que, en buena lógica, ven precisamente en este hecho, si no un enriquecimiento de la libertad de expresión sí al menos la libre opción del lector para leerlos o no. Ambas lecturas son, por supuesto, aceptables. Es cierto que la pertenencia a determinado partido político, o la simple simpatía por este, condiciona los contenidos de los artículos, así como sus destinatarios, como también lo es que muchos de los que escriben y que no se sienten identificados con ninguna alternativa de poder suelen focalizar sus opiniones hacia la acción del partido en el Gobierno del país, de la Autonomía o de la administración local de esta comarca.
Quienes defienden la libertad, entenderán que parte sustancial de esta la constituye el derecho a expresar libremente sus opiniones y, en este sentido, cabe destacar que esta, altere o no la percepción y la sensibilidad de quienes a diario se acercan a cualquier medio de comunicación, debe gozar de las mínimas garantías para hacerla visible. Prueba de ello es que no se cercena ni se censura ninguna de estas opiniones y que los únicos límites a estas se encuentran en el respeto a la dignidad de las personas, o, simple y llanamente, la descalificación gratuita y falta de argumentación. El simple hecho de que los comentarios remitidos a la web sobre el artículo referido hayan sido subidos a la red indica por sí solo que la libertad de expresión, aun cuando descalifique, es la que sienta las bases del derecho a opinar y expresar libremente lo que se piense. Pero tal derecho, no solo reconocido por la propia Constitución sino también sobrado eje sobre el que pivota el derecho a la información, no casa con el libertinaje, tan habitualmente confundido con lo primero. Independientemente de las ideas, las percepciones, el carácter o significado del análisis, lo que debe primar es el derecho de los lectores a encontrar opciones a las que de verdad pueda tener acceso. La cuestión esencial es que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas y que quien las lee es poseedor asimismo de la discriminalidad para hacerlo o no.