Los motivos de Catalá

veinticuatro horas después de conocerse la sentencia del juicio a la “manada” (cinco bestias y una mujer) el ministro de Justicia convocó a su equipo de expertos penalistas, con el encargo de revisar las figuras delictivas relacionadas con los llamados delitos contra la libertad sexual.
La iniciativa responde al estado de alarma creado por la brecha interpretativa del tribunal sentenciador. Los tres jueces negaron el supuesto de violación. Dos de ellos dictaron “abuso sexual continuado” (resultante oficial del fallo), y un voto particular del tercero pidió la absolución.
Unas horas antes de convocar a sus asesores en Derecho Penal, el ministro ejercía en la radio su derecho a expresarse libremente, pero haciendo expresa profesión de fe en el debido respeto a las sentencias judiciales, la independencia de los jueces, el juego de recursos, el apoyo a la víctima y la posible revisión del discutido tipo penal (¿agresión o abuso?).
Una de las preguntas le interpeló sobre el voto discrepante del magistrado González, quien describe lo ocurrido en aquel portal de Pamplona como una “desinhibida relación sexual” en un ambiente de “jolgorio y regocijo” cuyo desenlace judicial debía haber sido la absolución de los cinco machos. Un relato que al ministro le parece “ofensivo para la víctima”.
Semejante valoración de los hechos suscita el rechazo e incluso la repugnancia de millones de ciudadanos. Y a ese estado de opinión no es ajeno un ministro del ramo que, por serlo, sabe de ciertos problemas “singulares”, bien conocidos en ámbitos judiciales, que ponen en cuestión la probidad de dicho magistrado.
Las declaraciones de Catalá han suscitado una ola de “furibundo corporativismo” entre las asociaciones profesionales, hasta el punto de pedir su dimisión por meterse donde no le llaman. Pero un ministro no debe ser “un elemento decorativo”. Me comenta que no puede ni quiere ser “ciego, sordo ni mudo” en asuntos relacionados con el funcionamiento de la Justicia.
Me parece razonable. Ni en sus declaraciones públicas ni en la conversación con el columnista veo nada parecido a la supuesta intromisión en la potestad jurisdiccional de los jueces. Lo que sí encuentro es una clarísima apelación a la función inspectora y disciplinaria del CGPJ por no haber actuado preventivamente para evitar que un juez con sus antecedentes (dejadez en el trabajo y episodios depresivos), escandalizase con un voto particular donde explica que las cinco bestias de la “manada” creyeron que la chica fue consentidora.
No es tan difícil entender los motivos del ministro. De haberse actuado preventivamente en el terreno disciplinario, ese juez no hubiera intervenido con “singular” desacierto en el terreno jurisdiccional.

Los motivos de Catalá

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