PATRIMONIO SUMERGIDO

En el ABC Cultural del pasado 18 de julio se publicó un artículo elaborado por Jesús García Calero en el que se instaba a nuestro Gobierno a evitar el expolio que los cazatesoros pudieran hacer en nuestros barcos hundidos por todo el planeta.  Me hago eco de él porque en un apartado aparte se daban las “Diez razones para cambiar el rumbo de la gestión de la arqueología”, de las cuales me gustaría subrayar tres. La primera trata sobre el famoso inventario de pecios y la urgencia de que llegue a su fin. Esto va a ser imposible si no se destinan los recursos humanos necesarios. Todos recordamos como se anunció “a bombo y platillo”, tras el feliz resultado del caso “Odyssey”, los primeros trabajos conducentes a la recopilación de la información en nuestros archivos, aunque después del primer impulso oficial, me temo que la tarea ha perdido interés.  La tercera razón señala la ausencia de publicaciones especializadas sobre el tema, lo que es una realidad incuestionable, pues aunque de cuando en cuando publicaciones tan prestigiosas como la “Revista de Arqueología”, “Revista General de Marina” o “Revista de Historia Naval” se publique algún artículo sobre la cuestión, el vacío es casi total. El cuarto señala la ausencia de partidas para campañas de prospección. Lógico si tenemos en cuenta la incapacidad de medios materiales y humanos de la que hacen “gala” las autonomías para asumir esta competencia. En fin, nos encontramos con un panorama desolador.  Para paliar todos estos problemas veo como solución que sean los ministerios de Defensa y Exteriores los que tengan en exclusiva la competencia en este terreno. El primero impulsando, llegado el caso, las iniciativas legales necesarias para evitar el expolio en cualquier lugar del mundo. El segundo, donde la Armada tendría un incuestionable papel protagonista, sería el encargado de promover y habilitar los medios necesarios para la exploración e investigación de los yacimientos, en estrecha colaboración con los arqueólogos especializados de las distintas universidades de España y de los historiadores navales. En definitiva, el principal problema está en la descentralización de esta competencia, ejemplo de la loca carrera del “café para todos” a la que nos han llevado nuestros políticos. Esto no es demagogia. Esto es la realidad.