Viernes 22.03.2019

Puigdemont rechazó dos veces la petición de los Mossos de parar el 1-O

Un mando estimó entre 30.000 y 40.000 los efectivos necesarios para impedir el referéndum

La señal de vídeo del Tribunal Supremo muestra una vista general de la Sala durante el juicio | efe

El que fue máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos en la jornada del referéndum ilegal Emili Quevedo Malo confirmó ayer ante el tribunal que juzga el procés que el cuerpo policía autonómico advirtió hasta en dos días diferentes –26 y 28 de septiembre de 2017– de los riesgos previsibles si se mantenía la convocatoria del 1-O.


Durante su declaración como testigo en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, este comisario de los Mossos se manifestó en la misma línea que el exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos Manuel Castellví, cuya testifical terminó ayer.

Quevedo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellá (Barcelona) por un delito de desobediencia por su supuesta pasividad al impedir el referéndum, pero se prestó a responder a todas las preguntas que le formularon las acusaciones y defensas, tras ser informado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, de evitar aquellas que considere que pueda perjudicarle en la causa en la que se encuentra inmerso.


A preguntas del fiscal Javier Zaragoza explicó que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, encargó a su departamento un informe técnico, en el que se plasmó la necesidad de “entre 30.000 y 40.000” agentes de los Mossos para cerrar colegios y establecer un perímetro.


En otro momento de la declaración, Quevedo explicó que los altos mandos de los Mossos advirtieron al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de las situaciones de peligro que preveían si se celebraba el 1-O. En un primer lugar, el mayor Trapero, que se reunió con él, y con el exvicepresidente Oriol Junqueras y con el exconseller de Interior Joaquim Forn el 26 de septiembre, les manifestó “la preocupación que había en los Mossos por la situación”.


Según le contaron, ya que no asistió a este encuentro, Trapero también les planteó la posibilidad de desconvocar el referéndum, además de insistir en que “indudablemente” los Mossos iban a cumplir con el mandato como “policía judicial”. Lo mismo se trasladó en la reunión –“poco habitual”, calificó– que tuvo lugar dos días después, solicitada por el mayor debido a que la anterior “no había tenido éxito”.


Relató que fue invitado, al igual que a otros mandos superiores, para volver “intentar disuadir a los máximos responsables” de la Generalitat de que no siguiesen adelante con su intención de celebrar la consulta. El fiscal Zaragoza quiso saber si los Mossos advirtieron en esa reunión de la posibilidad de una “alta movilización de personas” que podrían generar problemas de seguridad.

Problemas de seguridad
Quevedo señaló que fue Castellví quien lo expuso, poniendo de ejemplo que se podrían dar “enfrentamientos entre favorables y contrarios al referéndum” y que uno de los escenarios previstos era los “choques” entre las fuerzas policiales y los concentrados en los colegios electorales.


Aún así, añadió, Puigdemont aseguró que sus planes seguían en pie porque el Govern “tenía un mandato que cumplir” y que Junqueras solo señaló que creía que “no habría ningún tipo de resistencia” contra los agentes de la policía. Posteriormente, a preguntas del abogado de Forn, Javier Melero, precisó que los planes y el dispositivo de los Mossos diseñados para el 1-O no se modificaron en ningún momento tras conocer la postura del exGovern.


En dicho encuentro, también se trasladó la “disconformidad” del cuerpo con las manifestaciones públicas realizadas por parte de miembros del gobierno catalán, como Forn que proyectaba a la ciudadanía la “prevalencia” entre la actuación policial y el cumplimiento del mandato judicial y que se actuaría como “una jornada electoral al uso”, dijo.


“¿Era incompatible con sus cometidos?”, preguntó el fiscal. “Obviamente, no podíamos actuar como otra jornada normal en una actividad política que había sido prohibida”, respondió Quevedo.


El testigo explicó que el 1-O trabajaron 11.000 Mossos, aunque para el dispositivo sólo se destinaron 7.850; mientras que en una jornada electoral normal se hace uso de entre 2.550 y 3.500.

Puigdemont rechazó dos veces la petición de los Mossos de parar el 1-O
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