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Crece la incertidumbre en torno al concurso FFG(X) de Estados Unidos

j. guzmán ferrol | 13 de agosto de 2019

El diseño propuesto por Navantia para el concurso se basa en la veterana fragata F-100, pero adaptada a especificaciones de última generación
El diseño propuesto por Navantia para el concurso se basa en la veterana fragata F-100, pero adaptada a especificaciones de última generación
La entidad GAO cuestiona las estimaciones de la Armada en el proyecto en el que incurre Navantia

El pasado viernes día 9 la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), entidad responsable de estudiar y revisar la viabilidad de todo proyecto puesto en marcha por el Gobierno de los Estados Unidos, hizo público un informe en el que se ponía en duda la fiabilidad del presupuesto inicial propuesto por la Armada de la nación norteamericana para el primer buque del programa FFG(X) –veinte fragatas con soporte para misiles guiados–, en al que opta Navantia con su F-100. El documento, dirigido al Congreso, cuestiona principalmente el montante de 1.300 millones de dólares –cerca de 1.160 millones de euros– solicitado para el pago de la primera unidad.

A pesar de que Navantia tan solo participa en la fase de diseño del proyecto debido a la férrea normativa del país en materia de construcción de armamento, este se ha convertido en una de las puntas de lanza del grupo naval público en su estrategia internacional. La importancia de este nuevo informe, por tanto, pasa por el papel de Navantia y sus competidores en el propio programa, dado que, como se recoge en el texto, “este [coste] estimado no puede concretarse hasta que la Armada no comunique qué diseño será el ganador”.

El principal problema destacado en el documento es que los encargados de estimar los costes del Departamento de Defensa (DOD) consideran que el presupuesto ofrecido por el ejército es “dudoso”. Tal y como apunta la GAO, la aproximación tomada por los mandos de la Armada busca generar un “incentivo” de cara a los participantes mediante un precio fijo, que difiere mucho del modelo de “alto riesgo y reembolso de costes” que suele adoptar en otros contratos.

Problema de garantías
Otro punto de gran importancia destacado en el informe, muy cuestionado desde algunos sectores de la Armada, fue el tema de la garantía ofrecida para los buques. En este caso se trata casi de un tema de semántica pero que, en el ámbito de la contratación de unidades de guerra, podría suponer la congelación del proyecto de sembrar la duda entre los congresistas encargados de dar luz verde a los presupuestos.


Al parecer, en último pliego presentado por por el ejército se menciona que todas las naves contarán con su correspondiente garantía. El problema es que en el mismo se utiliza el término “guarantee” en lugar de “warranty”, una diferencia sutil sin traducción directa pero con connotaciones muy específicas.


Así, la primera definición podría interpretarse como una garantía por parte del fabricante de que el producto será entregado en perfecto estado y cumpliendo con todas las especificaciones requeridas, mientras que la segunda implica una responsabilidad subsidiaria –con un fondo de seguridad por unidad de cinco millones de dólares– en caso de problemas en la nave durante los primeros 18 meses de servicio.

Esa diferencia en la terminología fue defendida desde la Armada como una forma más de incentivar la producción, alegando que “su uso podría afectar negativamente el coste de fabricación de los buques, además de reducir la competición para adquirir el contrato”. Desde la GAO, no obstante, se afirma que en ningún momento se les proveyó de “algún análisis que sirva para probar tales afirmaciones”, concluyendo, por tanto, que la opción elegida –guarantee–, “no otorga la misma cobertura” que la segunda.


Por último, el informe concluye recomendando tanto ofrecer un presupuesto basado en datos específicos elaborado por una entidad independiente, como el cambio de terminología de cara a la firma del contrato, que en un principio tendrá lugar a lo largo del mes de julio de 2020.

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