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La Ley de Movilidad inicia su trámite parlamentario tras su aprobación

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, comparecen tras el Consejo de Ministros | Eduardo Parra (Ep)

El Gobierno aprobó ayer en segunda lectura el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que supone iniciar la tramitación parlamentaria de esta norma orientada a modernizar la movilidad con nuevas tecnologías y contribuir a descarbonizar el transporte, responsable en España del 27% de los gases de efecto invernadero, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea.


Así lo anunció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde a esta ley, con el objetivo de que entre en vigor en 2023.


“Esta norma es necesaria porque la movilidad representa uno de los sectores económicos más importantes del país, con más de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año”, señaló Sánchez.

 

Estructura de la norma


Bajo ella se contemplará el nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplifica las rutas para hacer el sistema más eficiente pero garantizando la movilidad de los ciudadanos, y se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que busca reforzar la cooperación entre las distintas administraciones.


Además, las empresas con más de 500 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible al trabajo, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana y las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios.


La ministra explicó que la ley se estructura en cuatro grandes pilares: la movilidad como derecho, hacer frente al reto de la emergencia climática, mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto y la digitalización y apoyo a la innovación. 


En el tercer pilar, el de la eficiencia del gasto público, detalló que las medidas contempladas permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las empresas.

 

Postura de la CNMC


La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) propuso revisar el sistema concesional en el transporte de viajeros por carretera, especificar los requisitos que debe cumplir una ruta para ser susceptible de liberalización y definir las obligaciones a los operadores para que el statu quo actual cambie. 
Planteó homogeneizar la intervención de la CNMC en los sectores aeroportuario y ferroviario. 

La Ley de Movilidad inicia su trámite parlamentario tras su aprobación

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