El Congreso avala el decreto para retirar a Franco del Valle de los Caídos

El Pleno del Congreso convalidó ayer con la abstención del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de agosto y que da cobertura jurídica a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para la que todavía no hay fecha.
Como estaba previsto, el decreto fue apoyado por el PSOE, Unidos Podemos, el PNV, ERC, el PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero se registraron además, dos votos en contra: los de los diputados del PP Jesús Posada, expresidente del Congreso, y el catalán José Ignacio Llorens, que explicaron que se equivocaron al apretar el botón.
Además, antes de la votación se produjo otra anécdota, pues Isabel Borrego, la miembro de la dirección del Grupo Popular encargada de recordar a sus compañeros qué deben votar en cada iniciativa –se marca levantando uno, dos o tres dedos de la mano–se equicoó inicialmente al indicar un voto negativo, lo que ha provocado un murmullo e incluso risas en el hemiciclo. Borrego pudo rectificar a tiempo.

Mayoría absoluta
Al final el decreto-ley fue convalidado por la mayoría absoluta de la Cámara –176 votos a favor–, frente a 165 abstenciones, más los dos “noes” erróneos de la bancada popular. El texto fue defendido por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente, Pedro Sánchez, no acudió al debate ni a la votación.
El texto se tramitará como proyecto de ley dado que el Gobierno se había comprometido con varios grupos de la oposición a hacerlo así para que puedan realizar sus aportaciones a la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que en definitiva supone este texto. Además se hará por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad. En concreto, el decreto añade un tercer apartado al artículo 16 de la Ley de Memoria para dejar claro que “en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.
Los partidos de la oposición que apoyaron la convalidación aprovecharon el debate para adelantar las cuestiones que plantearán como enmiendas durante su tramitación en el Congreso. Entre otras cosas, pidieron garantizar la identificación y exhumación de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas, la anulación de juicios políticos del franquismo, la retirada de simbología franquista, la reforma de la Ley de Amnistía para poder juzgar a los responsables de crímenes franquistas y la de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el libre acceso a la documentación de la contienda y la dictadura.

Sin fecha
Una vez recibido el aval del Congreso, sigue sin haber fecha para la exhumación. La norma entró en vigor el pasado 26 de agosto, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, y el día 31, una semana después de su aprobación, el Gobierno inició los trámites para la exhumación, dando vía libre a un acuerdo de incoación que dio un plazo de quince días a los interesados para que se pudieran personar en el procedimiento y realizar las consideraciones y las alegaciones que consideren.
Así, los familiares podrán comunicar dónde desean inhumar de nuevo los restos de Franco y deberán aportar los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de que no contesten o haya discrepancias entre ellos, será el Ejecutivo el que decida el nuevo destino de los restos del dictador en un lugar “adecuado” y digno según asegura el Gobierno, sin querer desvelar las opciones que hay. Este verano, el Ejecutivo, a través de la abadía benedictina que custodia la basílica, tuvo conocimiento de un escrito de la familia Franco avisando de que no se harán cargo de los restos, pero el Gobierno solo se dará por enterado de los deseos de la familia durante el trámite formal, explicaron fuentes del Ejecutivo. l