La mayoría del pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley trans, que reconoce la autoderminación de género y desarrolla medidas para garantizar los derechos de las personas Lgtbi, al que se opusieron PP, Vox y Ciudadanos. 

Con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, la futura ley llega así a la recta final de su tramitación parlamentaria, después de unas negociaciones complicadas, primero en el seno del Gobierno, y después en la Cámara Baja, donde Podemos y PSOE mostraron sus diferencias en varios aspectos del texto.

 La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada socialista, Carmen Calvo, se abstuvo, si bien el resto de diputados del PSOE apoyó  la ley. 

Las discrepancias también se dieron en el seno del PSOE. Fue el motivo de que la exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, abandonara el partido en señal de protesta cuando el grupo pidió ampliar varias veces el período de presentación de enmiendas y retrasó la tramitación del texto. Será el Senado el que reciba ahora el proyecto, que cuenta con el rechazo de parte del movimiento feminista que teme que se traduzca “en un borrado de las mujeres”, pero con el visto bueno de organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y más. 

En el debate del dictamen del proyecto de ley, el pasado miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebró que el Congreso “cierre armarios” y “abra puertas y ventanas” con una ley que conseguirá asegurar “vidas libres” a las personas trans y Lgtbi. 

El texto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo registral. Los menores de 16 años y mayores de catorce asistirán con sus padres o tutores. Y será necesaria la intervención de un juez para el cambio cuando tengan menos de catorce años y más de doce.

En la izquierda no hubo fisuras en el apoyo a la ley, aunque ERC y EH-Bildu lamentaron que no se reconociesen los derechos de las personas no binarias o se ampliasen los de los migrantes.