Desde el Palacio de la Moncloa y sus aledaños mediáticos hemos asistido a una estrategia política sistemática: negar la evidencia, desacreditar al mensajero, y revestir la corrupción de los propios amparándose en la dignidad ofendida. Todo eran bulos, todo era “fango”, los medios que lo publicaban eran “tabloides de la derecha”. Incluso hablaban de una operación de “lawfare” impulsada por la extrema derecha para derribar al Gobierno “más progresista de la historia”. El enemigo siempre era externo. El problema nunca estaba dentro.

Pero la realidad –esa tozuda compañera de la verdad– terminó por abrirse paso. Y no por las filtraciones interesadas, ni por los opinadores incómodos. Fue la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa (UCO), la que levantó las alfombras del poder y encontró lo que todos sabían pero muchos callaban: que la corrupción no entiende de ideologías, pero sí de redes, de favores, de cargos y de silencios cómplices.

El caso Koldo fue en su día un terremoto que implicó al exministro Ábalos, del círculo del máximo poder y, por extensión, salpicó al presidente del Gobierno. Ahora, el informe de la UCO señala a Santos Cerdán, el segundo Secretario de Organización del PSOE. El mismo por el que los ministros se “quemaron las manos”, el mismo que, según las pruebas, estuvo en connivencia con quienes saquearon contratos durante lo peor de la pandemia.

Es espantoso escuchar en los audios como dos cargos de mayor nivel del socialismo se repartían los dineros y se repartían las mujeres prostituidas. ¿No tienen algo que decir las tres vicepresidentas del Gobierno? ¿Y las feministas?

La UCO hizo lo que tenía que hacer: investigar, Sin aspavientos, sin cámaras, sin campañas. Con hechos, con pruebas, con rigor. Con una profesionalidad encomiable. Porque así funciona una democracia sana: no negando la podredumbre, sino buscándola y extirpándola. No envolviendo en banderas a los señalados, sino protegiendo las instituciones que los investigan.

La respuesta del Gobierno no fue de agradecimiento a las fuerzas del orden sino que fue, una vez más, el relato, el discurso victimista del presidente que no asume responsabilidades por la conducta de los que nombró y sostuvo en el cargo. Y volvió arremeter contra la oposición, aunque por un día dejó en paz a la judicatura.

Frente a la decadencia moral de una parte del poder, hay que alzar la voz en defensa de quienes, desde dentro del Estado, defienden la legalidad como principio y no como eslogan. La Guardia Civil –y en particular la UCO– ha demostrado ser un baluarte contra la impunidad. Su labor no solo ha servido para poner nombres a los escándalos, sino para recordarnos que, incluso cuando los partidos intentan taparlo todo, la verdad siempre encuentra su camino. Y eso, en estos tiempos de propaganda y polarización, es muy reconfortante.