Mientras los juristas de reconocido prestigio buscan y rebuscan en la historia y la jurisprudencia coartadas “legales” de una eventual ley de amnistía para los responsables de los hechos de 2017 (referéndum ilegal para decidir si los catalanes querían dejar de ser españoles), el pueblo soberano rastrea el significado de la “desjudicialización” de un conflicto ¿Qué quiere decir eso?

Pues despenalizar los delitos cometidos en aquellas fechas de infausto recuerdo. No solo perdonando la pena impuesta a quienes los cometieron. Eso ya se hizo hace más de dos años, cuando se indultó a los nueve principales dirigentes del llamado “procés”. Ahora se trataría de olvidar la existencia de esos delitos (“amnistía” se llama la figura jurídica), como si no se hubieran cometido.

O sea, desjudicializar el vandalismo, la desobediencia, la prevaricación, la malversación, etc, que están perfectamente descritos en el Código Penal. El Tribunal Supremo los persiguió y, por haberlos cometido, condenó a los mencionados dirigentes ¿Por querer la independencia de Cataluña? ¿Por ejercer como líderes de ciertas fuerzas políticas? Nada de eso.

Se les condenó por prevaricar, desobedecer, malversar dinero de todos o provocar desórdenes públicos. La desobediencia es desobediencia y la malversación es malversación a la luz del Código Penal, que no contempla la motivación política como eximente ni como atenuante. Y al juzgador no le importa la motivación ni las ideas del reo. No juzga sus ideas, opiniones u objetivos políticos, sino actos cometidos fuera de la ley.

Al sentido común le cuesta encajar la idea de que la motivación política de un delito es de mejor condición que una desatada pasión amorosa, un estado de necesidad o simplemente la aversión a los madrugones. Sin embargo, la jurisprudencia y la magia de las palabras aparecen como ingredientes de la operación jurídico-política cocinada entre bastidores con el indisimulado objetivo de reponer a Sánchez en la Moncloa con el respaldo de los favorecidos en la operación.

¿Sólo ellos, los independentistas, saldrían favorecidos?

En el entorno del PSOE y Sumar, patrocinadores de una ley de amnistía para los líderes del “proces”, se argumenta que es de interés general. Por tanto, es justo y necesario echar en el olvido los indeseados efectos del llamado conflicto catalán. Solo falta encontrar el encaje de tan benemérito propósito en el marco constitucional.

El problema es que solo una parte del conflicto quiere olvidar, la que otorgaría la amnistía. La otra parte no solo no olvida, sino que anuncia que volverá a intentar su objetivo segregacionista. Por las buenas o por las malas.

Ustedes mismos.