Sobre Lawfare

Desde 1789 sabemos que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación y división de los Poderes, carece de Constitución. Sin separación y divisón de poderes ni hay democracia ni Estado de derecho. En este sentido, el lawfare es simple y llanamente, la desviación de poder de máxima intensidad, la desviación de poder en estado puro. El poder ejecutivo que actúa subjetivamente al servicio de intereses particulares. El poder legislativo que se convierte en un espacio de confrontación y laminación de los adversarios políticos o que maniata u ordena a los Jueces lo que deben hacer y, el poder judicial, es lo más grave, en un medio para eliminar a los enemigos. El Lawfare es, esencialmente, la vulneración más flagrante de esa separación de los poderes y, por lo tanto, es muestra de la más flagrante anticonstitucionalidad.

La potestad jurisdiccional debe limitarse a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El ejercicio de esa potestad para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico no sólo es desviación del poder judicial, es anticonstitucional y uno de los delitos más graves que pueden cometerse en un ordenamiento jurídico.

Poe eso, el mejor antídoto frente al Lawfare judicial es la motivación de las sentencias y resoluciones judiciales. La motivación de las sentencias —no como requisito meramente formal— siempre inextricable de la Justicia de sus fallos es causa —por sus consecuencias— y efecto —por sus aplicaciones— del principio de seguridad jurídica, que preside cada una de sus actuaciones para que el “fiel de la balanza” esté donde estar.

Por cierto, también encontramos Lawfare en los casos de poderes ejecutivos que usan las potestades para laminar al adversario, para eliminar al disidente, para perseguir a quienes no siguen las consignas de la cúpula. Y, por lo mismo, también opera el Lawfare cuando el poder legislativo legisla dando órdenes al poder judicial, disponiendo lo que pueden o no hacer, impidiendo el libre despliegue de la función jurisdiccional. Claro que los legisladores pueden incurrir en Lawfare. Es más, quienes se pronuncien a favor de la ley orgánica de amnistía tal y como está regulada incurrirán en esta desviación de poder de máxima intensidad.

Por eso, es necesario reclamar a todos los jueces y magistrados, a todos los legisladores, a todos los miembros del Poder ejecutivo para que sigan sirviendo a la Justicia y continúen siguiendo el consejo de Circe a Ulises que, aún tras evitar los mortales cantos de las Sirenas, debía elegir entre Caribdis y Escila…

Porque quienes gestionan y administran los poderes del Estado, que son del pueblo no lo olvidemos, bien saben que en el desempeño adecuado de su alta magistratura deben ser como Ulises y, por ello, mantener el rumbo junto a la roca de Escila y navegar, a toda vela, hacia los valores superiores de la justicia, de la equidad, del pluralismo, de la libertad y de la igualdad. Casi nada.