En los países de usos y costumbres democráticas no hay precedente de un gobernante capaz de mentir -el lo llama cambiar de opinión- con tanta naturalidad como lo hace Pedro Sánchez. Tras concurrir en unas elecciones proclamando que la amnistía era inconstitucional, todo fue perder los comicios y correr a buscar el apoyo de los diputados del prófugo Carles Puigdemont quien a cambio de la impunidad le permiten seguir en La Moncloa. A partir de ahí, patrocina y defiende la futura Ley de Amnistía asegurando que es constitucional. Dice ahora que no era el paso que quería dar pero asegura que es coherente para “normalizar” Cataluña. Dijo lo mismo cuando tras negar los indultos que posteriormente concedió a los golpistas condenados por sedición acabó cambiando el Código Penal para rebajar las penas por malversación. También entonces era para “normalizar” Cataluña.

El valor de su palabra haría dudar al comprador de un coche de segunda mano. Lo malo es que merced a sus maniobras políticas, retorciendo las leyes y el significado de las palabras -mentir solo es cambiar de opinión- ha conseguido ahormar la repetición de la coalición parlamentaria de la moción de censura que le permitió por primera vez alcanzar la presidencia del Gobierno. Esta vez a un precio mucho más oneroso porque los partidos separatistas le imponen la humillación de negociar fuera de España el cumplimiento de las exigencias políticas que han pactado. Algunas son abiertamente contrarias a la Constitución como la citada Ley de Amnistía o la celebración en Cataluña de un referéndum de autodeterminación.

En la tarea de justificar el pacto con lo separatistas que le permite seguir en el poder ha llegado a defender la figura del relator internacional -ahora lo llama “acompañante”-, que era otra de las exigencias de Puigdemont planteada como inequívoco trágala para humillar a nuestro país trasladando en Europa la idea de que el pacto al que han llegado es entre España y Cataluña. Como si se tratase de un proceso de descolonización. Cuesta, ya digo, asimilar que alguien sobre quien recae la honrosa encomienda de presidir el Gobierno de España acepte semejante humillación y para más deshonra, intente justificarla con argumentos tan pueriles como comparar el amplio rechazo que suscita la propuesta de Ley de Amnistía con el que en su día generó en ambientes muy determinados la ley del divorcio o la del matrimonio igualitario. Sánchez pisa poco la calle y quizás por eso asegura que quienes se manifiestan contra esa ley o los partidos que se oponen a ella, caso del PP y Vox, acabarán asumiéndola.