La ley 50 del Gobierno dice taxativamente en su Título IV que un Gobierno en funciones solo puede atender asuntos de trámite. Sospecho que las urgencias electorales o de investidura de este Gobierno no amparan impulsar, aunque sea como proposición de ley surgida de varios grupos parlamentarios, una ley de amnistía en condiciones tan comprometidas como la que en las próximas horas -al fin- parece que conoceremos en toda su extensión y en todos sus beneficiarios, comenzando por ese fugado a Waterloo. Al que, por cierto, ¿seguro que pueden visitar en su refugio belga ministros en funciones, acompañando al ‘número tres’ del partido que sustenta a ese Gobierno, repito, en funciones? No, no son precisamente asuntos de trámite los que ha gestionado el equipo de Pedro Sánchez en los tres meses y ocho días que ha vivido en la provisionalidad desde el 23 de julio.

Muchas veces he afirmado, tanto en comentarios radiofónicos y televisivos como en estas columnas, que Pedro Sánchez es un fuera de serie. Espero que se me entienda no como un elogio, sino como la constatación de un hecho: al presidente (en funciones) nada se le pone por delante, ni se para en barras a la hora de convocar unas elecciones bordeando la Constitución, que ordena oír antes al Consejo de Ministros (lo que no se hizo) ni a la hora de ‘prestar’ parlamentarios socialistas a Junts y ERC para que puedan completar grupos parlamentarios ‘propios’ con lo que eso conlleva de ventajas para ellos y de vulneración del Reglamento del Congreso. Entonces ¿por qué se iban a respetar las genéricas restricciones contenidas en el Título IV de la citada ley 50 del Gobierno? A veces, esto parece una competición deportiva de salto de vallas (o líneas) rojas, olvidando que el respeto escrupuloso a las leyes, aunque a veces sean leyes mal hechas y reformables, pero no reformadas y por tanto en vigor, es uno de los pilares de una democracia y de la seguridad jurídica necesaria para convivir.

No seré yo quien diga que ese ‘fenómeno’ (también lo digo) Sánchez lo haga todo mal. Me gustó su apoyo sin fisuras a la heredera de la Corona más de lo que me disgusta que no haya reprendido a una de sus ministras que (en funciones) se permite decir, desde el Gobierno, que trabajará para que esa heredera, que por cierto protagonizó este martes un día glorioso de concordia nacional, no llegue nunca al trono. Sánchez, que supongo que será investido por 178 votos, mayoría absoluta por tanto, dentro de pocos días -escribo sin que se haya anunciado oficialmente la fecha-, es un negociador al límite de lo inverosímil, y lo es porque no se corta a la hora de tensar cuerdas, bailar sobre la cuerda floja o echar un cabo a quien a él le conviene, preparando de paso una soga de cáñamo a quien estorba sus planes.

Así, teniendo en su mano el BOE, el Parlamento, el Tribunal Constitucional y, hay que decirlo, una inmensa mayoría de la militancia (se verán en las próximas horas los resultados de la consulta a los afiliados), más el apoyo incondicional de alguien tan carismático como Yolanda Díaz, que se ha ‘cargado’ a la izquierda podemita, es relativamente fácil ganar. Cierto: mientras, se ha alterado sustancialmente el Código Penal, se ha despreciado lo actuado por el Tribunal Supremo, se ha hecho trizas la memoria del consenso del ‘espíritu del 78’ y se ha socavado, a base de improvisaciones, falsedades y una buena dosis de cinismo, la moral y la profundidad intelectual de toda una clase política.

Lo cual no es todo demérito o culpa de Sánchez, digámonos la verdad. La oposición no ha estado a la altura por propia conveniencia, quizá algunos profesionales de los medios tampoco del todo hayamos podido, o querido, preservar nuestra independencia en algunos casos. Así las cosas, si Mahoma no va a la montaña...