Todos cuantos le deben su encomienda a Pedro Sánchez manifiestan su agradecimiento de una u otra manera. En el caso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, atendiendo con presteza los requerimientos que dicta La Moncloa. La primera devolución del favor se plasmó en el apremio a Núñez Feijóo para que acotara el calendario de su fallida investidura en contraste con la laxitud con la que dejó que Sánchez ahormara el suyo en función de los pactos a varias bandas con quienes acabaron apoyando su continuidad al frente del Gobierno. Luego vinieron más favores. A los requerimientos de Junts que exigían la cooficialidad del catalán, el vasco y el gallego en las intervenciones de los parlamentarios -hasta entonces el idioma de uso era español- Armengol respondió con inusitada presteza autorizándolo antes incluso de someter a votación el cambio en el Reglamento.

Armengol ha seguido dando otras pruebas de adhesión a la causa sanchista alejándose de la exigible neutralidad que cabía esperar de su elevada encomienda. En el escalafón institucional ocupa la tercera plaza de las autoridades del Estado. Nada que ver con algunos de los presidentes que la han precedido. Desde Gregorio Peces-Barba a Félix Pons o más recientemente Ana Pastor. Todos ellos desempeñaron su función arbitral con tino parlamentario y vocación de ecuanimidad. Si tenían que llamar al orden a algún diputado lo hacían sin distinción de color político. Nada que ver con la práctica de Armengol de quien ha sido criticada su manifiesta parcialidad. Sin ir más lejos, hemos escuchado con estupor a la diputada de Junts, Miriam Nogueras, llamando “indecentes” a varios de los jueces que han intervenido en los procedimientos penales desarrollados contra los dirigentes separatistas juzgados por sedición y en ningún momento fue llamada al orden por la señora presidenta del Congreso. Esta y otras actuaciones de parte que se traducen en la tutela del interés de Pedro Sánchez que pasa por no incomodar a quienes le dieron los votos que facilitaron la investidura y aspira a conservar como socios durante toda la legislatura. El penúltimo servicio a la causa sanchista ha sido habilitar el mes de enero -mes tradicionalmente inhábil a efectos parlamentarios- para tramitar con carácter de urgencia la ley de Amnistía.

Urgencia, ¿de quién y para qué? Está claro que a quien urge aprobar dicha ley hecha y redactada a la medida de quienes se van a beneficiar de ella es a los socios parlamentarios de Sánchez al frente de cuyos partidos (ERC y Junts) se encuentran dirigentes condenados por sedición y malversación y con penas de inhabilitación que serán borradas por la amnistía. La amnistía es el segundo pago de la hipoteca contraída por Sánchez con los separatistas catalanes que dieron el golpe del “procés”.

El primer pago fueron los indultos y la reforma del Código Penal que les permitió salir de prisión. Ahora les urge el borrado y olvido de sus delitos -incluida la inhabilitación- para poder presentarse a las próximas elecciones. De ahí la prisa. Prisa de los golpistas y de Sánchez que la presidenta de las Cortes ha hecho suya convocando dos plenos en el mes de enero. Dado que el Hemiciclo está en obras es probable que alguno de ellos tendrá que celebrarse en el Senado.

¿A qué vienen tantas prisas? Pues a que Pedro Sánchez quiere que pase cuanto antes el trámite parlamentario de la proposición de ley y el personal deje de hablar de la amnistía y se olvide de las cesiones a los golpistas. Esa es la razón, no hay otra.