Quiso el azar que el día 24 se publicaran dos noticias que quedan grabadas en el alma de todo ciudadano de bien, sobre todo de los gallegos por la parte que nos toca.  
 

La primera era el final del traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco que significa el fin de la dispersión y el triunfo de EH Bildu. Otegui compartió su éxito -“presos por presupuestos”- con los etarras y familiares y es probable que en Navidad estén todos en la calle después de la transferencia de las cárceles al Gobierno Vasco. 
 

Ese mismo día informaban los periódicos del 50 aniversario de la muerte de tres jóvenes gallegos, Humberto Fouz, Jorge García y Fernando Quiroga, a los que ETA confundió con policías, secuestró, torturó y asesinó en Biarritz. No habían cumplido los 30 años. 
 

Para recordar aquella infamia, los jóvenes gallegos fueron homenajeados en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria y sus familiares siguen exigiendo a Otegui y los suyos “saber dónde se encuentra los restos mortales de las víctimas de aquella atrocidad terrorista sin resolver”. 
 

ETA arroja el balance escalofriante de 68 muertos gallegos –cerca del millar en España–, víctimas todos ellos de una locura étnico-identitaria que segó sus vidas y sus proyectos vitales para siempre, una sinrazón que sembró la desolación y el llanto entre sus familias y en todo el país. 
 

Decía Juan Ramón Jiménez que “a veces, para llegar al fondo de las cosas hay que usar la inteligencia y enfriar el corazón”. Ni así es posible entender que los asesinos, secuestradores y torturadores de tantas víctimas se pavoneen por los pueblos vascos con total impunidad, lo que es un insulto a Humberto, Jorge y Fernando y demás víctimas, a sus familias y a la mayoría de los españoles. Algún día la historia hará justicia y tratará con severidad a los asesinos, a sus cómplices y a los que los están blanqueando ahora.   
 

La orden del traslado de los presos partió de Grande Marlaska, otrora luchador contra ETA y hoy un ministro servil que tiene ahora otro problema: el Tribunal Supremo le obliga a restituir en su puesto al coronel Pérez de los Cobos que destituyó por no informarle de la investigación ordenada por la juez que él solo podía revelar a su señoría. Además, intenta relacionarlo con la Kitchen y la falta de control de los fondos reservados. 
 

Más allá de lo que diga la justicia, destituir a un subordinado ejemplar en modo “ordeno, mando y hago saber”, es propio de un mal dirigente y peor persona que actúa como los dictadores atribuyéndose poderes que la razón democrática no otorga. ¿Por qué protege el presidente a un ministro que ha cometido tantos errores? ¿Para tapar los errores cometidos por el propio presidente? Ahí lo dejo.