Migrantes

La mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española. De hecho las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Mientras que en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, para las personas de origen extracomunitario se eleva al 68%, e incluso hasta el 81% para las personas en situación administrativa irregular, es decir, una incidencia tres veces mayor. La irregularidad es la causa determinante de la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión. Así lo refleja el documento FOCUS titulado “Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular”, publicado por la Fundación FOESSA y cuyo objetivo es analizar las consecuencias que tiene sobre sus vidas la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo. Para llegar a esta conclusión y ante la falta de cifras oficiales, el informe realiza una estimación del número de personas en situación administrativa irregular a partir de los datos que aportan los programas de acción social de Cáritas que acogen a estas personas. De acuerdo con esas cifras, el 32% de las personas acompañadas por la entidad caritativa a través de sus programas y recursos en se encontraban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que en el año anterior. El periodo medio de acompañamiento que necesitan estas personas oscila entre 1 y 2 años. 

El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al acceso al empleo y a las ayudas de vivienda y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas. De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular viven en hogares con todas las personas activas desempleada. Tres de cada diez  reconocen además haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas. 

Se constata también que  la falta de ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad, o en hogares en precario
En todo este procesos es necesario avanzar en base a las vías legales de entrada que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. También se hace hincapié  en una base jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años entre nosotros y  aportando a nuestra sociedad.