Malversar: robar al pobre

La anunciada reforma del delito de sedición y de las penas que conlleva tiene un pase, pero la del de malversación, no. Y ello por una sencilla razón, tan sencilla que hace innecesario cualquier debate sobre el particular, e imposible su justificación por parte de quienes andan mareando esa perdiz: la malversación está en la esencia de la corrupción política que ha dejado temblando la Caja Común de los españoles y que ha proyectado al mundo una imagen de nuestro país más emparentada con el Patio de Monipodio que con la de una nación en la que, pese a su histórica inclinación a la picaresca, la inmensa mayoría de sus habitantes no roba.
 

Porque, en efecto, la malversación, que sólo pueden ejecutar cargos públicos y funcionarios con acceso a esa Caja, no solo es un robo, sino la peor clase de robo. Consiste, como se sabe, en apropiarse de los caudales públicos o en administrarlos deslealmente, y toda vez que esos caudales provienen de lo aportado por una mayoría trabajadora y honrada que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes o para habitar una vivienda asequible y digna, en lo que consiste en realidad es en robar a los pobres, delito que no tiene perdón por mucho que el Código Penal lo conceda a cambio de unos pocos años de cárcel y otros pocos de inhabilitación.
 

El presidente de la Generalitat, Aragonés, puede dar la “batalla” que quiera para que sus pares condenados por ese delito tras la asonada independentista de 2017, se quiten el marrón de encima y puedan volver cuanto antes a presentarse a elecciones o a desempeñar cargos públicos, pero no habrá de ganarla a menos que nos hayamos vuelto todos locos, principalmente el Gobierno. Éste ha podido explicar su intención de reformar el delito de sedición por la conveniencia de adaptarlo a los nuevos tiempos y por la pacificación de la convivencia en Cataluña, y ha contado con el argumento extra de que con la sedición reformada en línea con la que se usa en Europa, el fugado Puigdemont estaría aquí desde hace mucho respondiendo ante la Justicia de sus actos, pero ¿cómo podría explicar una rebaja en la punición a quienes roban a sus compatriotas, bien para quedarse con la manteca, bien para desviarla a fines espúreos? Cuando se habla de los caudales públicos, parece que se habla de algo invisible, de dinero solo, pero debe hablarse de lo que son en realidad, el fruto del trabajo y de las fatigas de los ciudadanos, de aquellos que van justitos y que no ocultan al Fisco sus flacos ingresos. Lo de la sedición, en fin, tiene un pase. El robo a los pobres, no.