Estamos ante una segunda vuelta, más de forma que de fondo, de los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados del “proces” (sedición y malversación). Como consecuencia de un cambio de caras que generó una nueva relación de posiciones entre sus cinco componentes, una sección del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) admite ahora los recursos de reposición que antes rechazó.

En el terreno de lo descriptivo, no de lo valorativo, se plantea así una cuestión de inseguridad jurídica: ¿cómo un mismo tribunal dice blanco donde antes dijo negro? Y otra de carácter político: leña en la hoguera independentista, que arde con el victimismo frente a la “represión” del Estado.

Son las derivadas del problema, aunque el tribunal no entre en el fondo del asunto (el derecho de gracia es inatacable) y se limite a valorar si los decretos de indulto (junio 2021) estuvieron ajustados a derecho. Se trata de establecer si fue o no fue suficiente la motivación para ejercer el derecho de gracia en función de las razones de equidad, justicia o utilidad pública contemplados en la ley de 1870 que hace al caso.

Inseguridad jurídica y bronca política, pues, es lo que nos espera como consecuencia de esta inesperada decisión que, entre otras cosas, nos recuerda que el tribunal sentenciador (sala de lo penal del Tribunal Supremo) informó en su día en contra de la concesión de los indultos a quienes intentaron “subvertir unilateralmente el orden constitucional y no han mostrado “el más leve indicio de arrepentimiento”.

Mientras la atmósfera política de nuevo tiende a cargarse de electricidad por cuenta de una decisión del Gobierno de Sánchez que favorecía a los independentistas que le apoyan en el Parlamento, más vale que nos remitamos todos al funcionamiento del Estado de derecho. Si realmente nos lo creemos, las derivadas del asunto no deberían desbordar los ámbitos políticos y mediáticos que les son propios.

En este sentido, más vale plantarse ante los profesionales del enredo y los calculados rasgados de vestiduras. No permitamos que la fe en el dogma civil de la separación de podemos se encoja, se arrugue o ceda ante los seguidores de unas determinadas fuerzas políticas, aquellas que se pasan el día denunciando un inexistente carácter “represivo” del Estado contra quienes profesan según qué ideas.

De momento la decisión de la mayoría de la sección que tramitará los recursos de reposición (PP, Vox, Ciudadanos y ciertas asociaciones) se ha limitado a reconocer la legitimación de los recurrentes, como parte del colectivo afectado por aquel desdichado intento (octubre 2017) de reventar los principios de integridad territorial y soberanía nacional única e indivisible.