Este fue el recado central del superministro, Félix Bolaños, a los siete diputados de Junts en el debate parlamentario del miércoles (el de los tres decretos fundacionales del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez):”Cada pensionista que les votó, está hoy mirándoles”.

La apelación a los intereses de los ciudadanos -los catalanes y los del resto de España- era inequívoca. Puro sentido común. No puede ser que intereses de menor cuantía, como los de partido o los personales (léase Puigdemont), preocupado por lo suyo, pero léase también Sánchez, cuya ambición de poder también tiende a imponerse sobre los intereses generales.

No puede ser, digo, no debe ser. Pero es. Es lo que hay, como solemos decir. El “¿qué hay de lo mío?” se ha convertido en el motor de la política nacional diseñada a partir de las motivaciones de Sánchez para colmar su personal ambición. Es el precio que sus poco recomendables compañeros de viaje ponen al compromiso de apoyar a un presidente del Gobierno que viene de una derrota en las últimas elecciones generales, aunque el partidismo de fuerzas ajenas, como los independentistas, puso a su favor la matemática salida de las urnas.

Sin embargo, a las primeras de cambio, el Gobierno ha apelado a los intereses generales (el sueldo de los pensionistas, voten a quien voten, en este caso) para hacer a ver a sus compañeros de viaje que sus exigencias (amnistía, retorno de las empresas, financiación autonómica diferenciada) siempre deberían supeditarse a cuestiones de mayor cuantía, como la protección de las capas sociales más vulnerables, las medidas anticrisis o la digitalización de la Justicia para que mejore este servicio público, sobre todo cuando la adopción de estas medidas de interés común viene ligada a las exigencias de Bruselas para la percepción de fondos europeos en beneficio del conjunto de los españoles.

Pero el ministro Bolaños debería saber -y lo sabe, estoy seguro, paro hace como si no lo supiera- que no es precisamente el beneficio común para todos los españoles lo que inspira el desempeño político de partidos como Junts. Y mucho menos, la llamada “gobernabilidad” del Estado. Este vector del análisis es el que desplaza a todos los demás a la hora de entender lo que pasó en el Congreso (reunido en el Senado, por obras en el palacio de la Carrera de San Jerónimo) en la surrealista sesión del miércoles.

A la hora de entregar este comentario ni siquiera se había producido la votación que debía convalidar o no los tres primeros decretos-ley del Gobierno. Pero lo que ya no tiene marcha atrás es la percepción de que la gobernabilidad depende del “¿Qué hay de lo mio?”, en boca de Puigdemont (Junts) de Ione Belarra (Podemos), de Yolanda Díaz (Sumar), o incluso de Sánchez (PSOE), todos ellos sindicados en una balcanizada ecuación de poder de futuro muy incierto.