El grito del campo

El campo español grita, llora, patalea, convoca marchas ruidosas y corta las carreteras (600 cortes de ocho Comunidades Autónomas) para llamar la atención y conseguir que, de una vez por todas, le hagan caso. El órdago tiene la comprensión de la gente, pero eso puede cambiar si van a más los trastornos al conjunto de la ciudanía y los brotes de violencia: 20 detenidos, un guardia civil herido, 4.300 multas, etc.

Los choques con las fuerzas del orden y el riesgo de desabastecimiento por los cortes de carreteras dañan la causa del campo incomprendido pero subvencionado. Con el aliento contenido ante un fin de semana (“Se va a armar muy gorda”, dicen los promotores) que anuncia irrupción televisada en los premios Goya (Valladolid, noche del sábado) y asalto de los tractores a la capital de España. Pero las causas de la protesta siguen ahí. Demasiadas bolas de hierro en los tobillos del campesino: descarbonización, estricta normativa sanitaria, bajísimos precios del producto por competencia de las importaciones, progresivo vaciamiento de servicios públicos en despobladas zonas rurales, etc. Y de ahí sus reclamaciones de precios justos, más control de las importaciones que juegan con ventaja, menos burocracia en el acceso a las ayudas europeas, más solidaridad con las gentes del campo y menos “dogmatismo medioambiental”. En esta ocasión, resalta la dimensión política de las tractoradas. Véase como se multiplican las señales de alarma por el riesgo de dar alas a la ultraderecha negacionista en lo climático y eurófoba en ideológico. Se entiende. Primero, por el poder desestabilizador del grito generalizado en el sector primario. Estamos hablando de la despensa de las confortables zonas urbanas del país. Y segundo, por la de las elecciones gallegas, a escala nacional (un tercio del electorado vive en las zonas rurales), y las europeas de junio) a escala internacional.

Por tanto, no sorprende que la presidenta de la CE y el presidente del Gobierno español descubran al mismo tiempo la necesidad de suavizar la normativa sobre el uso de pesticidas, en el caso de Von der Leyen, o la necesidad de reforzar la ley de la cadena alimentaria para no vender a pérdidas, en el caso de Pedro Sánchez, que también promete simplificar la burocracia para acceder a las ayudas europeas.