Conseguir una cita para tramitar una jubilación puede costar cuatro meses. Hacer una gestión en la Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo exige una cita previa, pero no se da presencial o telefónicamente y por internet es imposible conseguirla, al margen de que algunas personas no tienen capacidad ni conocimientos para hacerlo. Los problemas para acudir a un especialista sanitario son un dolor, nunca mejor dicho, y no sólo en Madrid o Andalucía, como podría pensarse por las protestas masivas, sino en toda España. Los solicitantes de asilo pueden tardar años en que alguien les reciba y les atienda. Presentar una demanda y que te citen a juicio puede llegar a cinco años. Hace poco la Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso de un abogado y ha adelantado la fecha del juicio: ¡de 2027! ha pasado ¡a 2026! Y con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, en breve se habrán retrasado casi medio millón de demandas y la tramitación de otros cientos de miles de asuntos. En casi todos estos casos hablamos de asuntos que afectan a la solicitud de una jubilación, de una pensión de viudedad, del cobro del Ingreso Mínimo Vital, de operaciones o consultas urgentes, de un despido, una baja médica o maternal, el bono térmico, la custodia de un menor o el asilo de una persona sin papeles.
 

Si eso es grave y demuestra que tenemos una Administración que no funciona, envejecida, con una altísima tasa de temporalidad, con funcionarios que no hacen nada y otros que están desbordados porque las plantillas son insuficientes, lo peor es que ha surgido un mercado negro de citas --que algunos han calificado de “ecosistema informal”, en lugar de calvario burocrático o golfería tolerada--, que se ha convertido en un negocio de golfos y de mafias cuyos “servicios” se ofertan con descaro en locutorios, pequeñas tiendas o incluso por internet: una cita para gestionar la pensión, 50 euros; para tramitar un asilo, 200; para el carné de conducir, hasta 80 euros. Y eso lo sabe la Administración, lo saben los Ministerios de Interior, Economía, Seguridad Social o Trabajo y no hacen nada ni para atender bien a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ni para poner fin a esta otra forma de corrupción tolerada, por no decir provocada. Cuando hace meses, la España despoblada y olvidada se quejó por la supresión de oficinas bancarias, la Administración presionó para garantizar que hubiera atención personalizada y cercana. Pero no toma medidas cuando la responsable es ella.
 

Lo mismo sucede con la tramitación de los fondos europeos, para los que no hay funcionarios adecuadamente preparados --ni nadie previó que se iban a necesitar-- o con disparates como la ley del ‘sólo sí es sí’ que ha provocado un aluvión de demandas en los tribunales, como también empieza a suceder ya con la ley trans. Los funcionarios no saben cómo aplicar los disparates de la ley y ya se están produciendo casos a los que hay que dar una respuesta legal: presos de Asturias que dicen que han cambiado de sexo y piden su traslado a un módulo de mujeres, opositores que afirman lo mismo para superar unas pruebas físicas menos exigentes o deportistas que quieren competir como mujeres siendo físicamente hombres. Es sólo el comienzo. Tenemos una Administración pública que es la segunda más envejecida de Europa y la tercera más inestable. El 81 por ciento de los empleos están en las autonomías y ayuntamientos. Y no funciona. De eso se tendría que hablar en el Parlamento y en los programas y debates electorales.