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Derecho a la vida y realidad social (y II)

El político ha de tener claro que no es infalible, que sus opiniones, sus valoraciones, están siempre mediatizadas por la información de que parte, que es siempre limitada, necesariamente incompleta y precisada del contraste con el gran canon de legitimidad de la política democrática: la dignidad del ser humano, especialmente de aquellos necesitados de especial protección, de aquellos que son la misma expresión de la indefensión.
 

Por ello, al hablar de las condiciones objetivas de las diversas situaciones a las que el político se enfrenta, se podría interpretar que quienes tienen a su cargo la rectoría de la cosa pública deben atender sólo a lo que podríamos llamar condiciones reales, prescindiendo de las referencias a la subjetividad, a la conciencia de las gentes, al sentir social. Nada más lejos de lo que debe ser. El sentir social, la conciencia social, en la medida que está informado y constituye expresión de los principios del Estado de Derecho, debe ser un elemento de primer orden en la consideración del político si realmente se admite que la ciudadanía es el elemento fundamental en la articulación de la vida política. El sentir social, en cuanto se asienta en la centralidad de la dignidad del ser humano, forma parte -podríamos decir- de las condiciones objetivas, porque es un factor que actúa realmente, que gravita sobre las situaciones reales, y debe ser tenido en cuenta en su valoración.
 

La acción política debe tener muy en cuenta la opinión pública. Sería suicida, pero sobre todo sería inadecuado e injusto, actuar de espaldas a ella. Pero la acción política no puede plantearse como un seguidismo esclavizado de esa opinión, sobre todo cuándo, ubicados como estamos en una crisis moral de incalculables proporciones, la cultura de nuestro tiempo debe volver a vibrar con uno de los criterios más relevantes del Estado de Derecho: la condición omnipotente y soberana de la dignidad del ser humano, que se levanta y se yergue omnipotente frente a cualquier embate arbitrario del poder, sea público privado.

 

Estamos en tiempos en los que se precisan compromisos coherentes con la dignidad humana. En todos los órdenes y en todos los frentes, empezando, por supuesto por los más inermes, por aquellos que no siquiera pueden defenderse por sí mismos y que, sin embargo, son condenados por esa insensibilidad consumista e insolidaria que hemos de combatir. Se puede, y se debe, facilitar el derecho a nacer y, en la misma debida, ayudar a las mujeres embarazadas que tantas veces son abandonadas en momentos tantas veces tan difíciles.

Derecho a la vida y realidad social (y II)

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