El presidente del Gobierno  habló por primera vez de la amnistía en la comparecencia ante los medios tras la cumbre de la Unión Europea de Granada y estuvo acompañado  del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.

La presencia de los dos altos dirigentes de la UE da pie a unas preguntas. El señor Michel y la señora von der Leyen, ¿estaban allí avalando la decisión del presidente Sánchez de conceder la amnistía, tan cuestionada en España, o se dejaron “utilizar” por él, deslumbrados por su encanto personal, por el marco granadino y por las atenciones recibidas?    

¿Sabían ambos dirigentes que los beneficiados de esa amnistía son los forajidos Puigdemont y sus fieles y Junqueras y demás delincuentes condenados, y que esa amnistía, que borra sus delitos, se concede para “comprar” sus votos para la investidura?

¿Leyeron el editorial del Washington Post que ve a España “rehén de una facción de extremistas regionales” y recuerda que Puigdemont y su entorno abrieron la puerta a Rusia para desestabilizar a España y también a la UE?. ¿Qué les parece que tengan la llave del gobierno de la cuarta economía de la UE este personaje y Esquerra, Bildu y el PNV a los que no les importa ni la gobernabilidad de España, ni su unidad, ni sus compromisos con el proyecto europeo?

Según noticias que llegan de la UE, hay preocupación en Europa, en el occidente democrático y, naturalmente, en España porque la amnistía acaba con el Estado de derecho en su genuino significado, representa la mayor degeneración de la democracia. ¿Están ellos dos preocupados porque el hueco iliberal que deja Polonia puede ser ocupado por España, eso sí, por un gobierno progresista, ecologista y feminista, pero  con una democracia degradada “modelo Venezuela”?

No hay más preguntas, señoría. Amnistía sí o no… Uno, que sabe poco de leyes, cree que no será fácil parir un engendro jurídico con apariencia legal -y diseñar su envoltura- que borre del mapa 11 delitos: malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, responsabilidad contable, integración en organización terrorista, atentado contra la autoridad, usurpación de funciones, tenencia de explosivos y lesiones, todos ellos tipificados como tales por los juristas.  

A mayores, según informaciones solventes, el fugado Puigdemont exige que en la explicación política de la concesión de la amnistía figure que “el Estado español pide perdón por las actuaciones policial y judicial con el procés”.

Al final, el prófugo nos va amnistiar a todos los españoles y tendremos que estar agradecidos al Gobierno de progreso por exculpar a fugados y golpistas y librarnos de la cárcel a los constitucionalistas.