Criminalizar al pobre

Una parte importante de la sociedad civil está ofreciendo todo un ejemplo de responsabilidad y solidaridad hacia las familias con dificultades frente a la pasividad e hipocresía de los gobernantes, a los que les es difícil digerir la triste realidad.

Cierto es que ningún cambio social partió de las clases adineradas, más próximas siempre al poder y a las normas establecidas, para seguir manteniendo sus estatus y privilegios.

Esta circunstancia, objetiva, está movilizando a una gran parte de la clase media a bajarse al ruedo de la vida para ayudar, a través de la solidaridad, a compartir sus pertenencias con las familias más humildes que apenas podrían sobrevivir sin esa colaboración.

Pensiones no contributivas, la renta de inserción social (RISGA), la renta activa de inserción (RAI), el IMV y tantas ayudas de emergencia y aún hay millares de familias, con más de tres miembros, sin ningún tipo de prestación económica ni ingreso.

¿Esta es la sociedad que estamos construyendo y que deseamos que hereden nuestros hijos? ¿Por qué criminalizamos al excluido, al pobre o al humilde? ¿Acaso no son los responsables de la crisis, los políticos corruptos e indecentes, los banqueros usureros y los consejeros de administración de las grandes empresas multinacionales que vivieron gracias a la especulación, el amiguismo y la evasión de capitales hacia los paraísos fiscales?

Me comentaba una familia, con escasos recursos, que denunciaron públicamente su situación, en busca de ayuda económica, que muchos de sus vecinos  y a los que consideraban amigos les dieron la espalda y ya ni los saludan por la calle.

No obstante observo, cada día, como esos indeseables le rinden pleitesía al gobernante de turno, al director del banco de la esquina o al gerente de la empresa en la que trabaja. A esos se les conocen popularmente como lameculos, insolidarios o simplemente gente sin escrúpulos.