Asalto a la democracia

Tomo prestado el título del libro de Jaime I. del Burgo (La Esfera de los Libros, 2022), su lectura es muy útil para poder entender algo de lo que está pasando en España. Pero en este comentario no voy a referirme a las embestidas que sufre la democracia española, sino a las que se produjeron la semana pasada en Perú y Alemania, con un apunte sobre la condena de la vicepresidenta de Argentina.    
 

En Perú el auto-golpe de Pedro Castillo corrobora el ejercicio errático del poder de la izquierda populista sudamericana y el final de un político incompetente, incluso para los estándares del populismo al uso, que venía para “liberar a Perú de la derecha y salvar a los campesinos e indígenas”. Su victoria fue celebrada por Yolanda Díaz, Belarra,  Montero y Echenique como ”una brizna de esperanza”, ¡pleno acierto!. Ahora se desmarcan de él. 
 

El presidente Sánchez felicitó a la sucesora y destacó “la fortaleza democrática del pueblo y sus instituciones” por abortar la locura de Castillo, que aquí sería acusado de “desordenes públicos”. Después de la derogación del delito de sedición, la rebaja de la malversación y el asalto a la Justicia, ¿le quedan a España herramientas jurídicas para defender, como Perú, el orden constitucional? 
 

En Alemania la policía detuvo a 25 ultraderechistas que planificaban otro golpe de Estado asaltando el Reischstag. Dijo la ministra del Interior que a todos les une “el odio a nuestro Estado de Derecho”, el mismo odio que nacionalistas e independentistas expresan hacia España.  
 

Serán juzgados. Si son condenados, ¿se imaginan al gobierno alemán indultándolos? Algo es seguro: si estos radicales obtuvieran escaños en unas elecciones ningún gobierno alemán pactaría con ellos los presupuestos y la derogación del delito de sedición para beneficiarlos. Alemania es un país serio y sus gobiernos jamás pactan con los que atentan contra la unidad de la nación. 
 

Me quedan unas líneas para recordar que la Justicia de Argentina condenó a Cristina Fernández de Kirschner a seis años de prisión e inhabilitación a perpetuidad por haber malversado 1.000 millones de dólares al Estado en sus dos mandatos, entre 2007 y 2015. Era una sentencia esperada. 
 

Lo que es inaudito es la solidaridad de las ministras Yolanda Díaz, Belarra y Montero con ella y Díaz iba a estar hoy en Buenos Aires abrazando a la señora Fernández en un acto de desagravio, que se suspendió porque contrajo el Covid. Una incoherencia más que cuestiona el verdadero compromiso de estas ministras del Gobierno de España contra la corrupción.   
 

Claro que para ellas la vicepresidenta Fernández debe ser una corrupta de primera a la que hay que proteger de “la mafia judicial argentina”.