Ahora, a por los salarios de los directivos

El Gobierno de Pedro Sánchez, con él mismo a la cabeza, no ha dejado de meter presión a los empresarios de este país. Y no me refiero sólo a cambios legislativos continuos. La inseguridad jurídica es hoy una de las grandes preocupaciones de la empresa española y de la inversión extranjera directa que se ha desplomado. Tanto el presidente como sus ministras, especialmente, los de Sumar y antes los de Podemos, no pierden ocasión para denigrar al empresariado porque no le aplauden en muchas de sus decisiones y muy especialmente en los últimos tiempos porque les achacan estar en el centro de las conspiraciones contra el Gobierno. Esta misma semana por sus salarios. Lo ha hecho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que ha amenazado con armas fiscales para que se bajen sus “excesivos” sueldos.


Es paradójico que esta misma semana en el foro de Davos, el presidente buscara desesperadamente una foto con los grandes del IBEX. La cosa no salió especialmente bien ni en la forma ni en el fondo. En todo caso, se entiende mal que este acercamiento dure exactamente lo que un pirulí a la puerta de un colegio, ya que apenas unas horas después la ministra Yolanda Díaz les acusara de ganar 174 veces más que sus trabajadores y les amenazara con apretarles fiscalmente. Se entiende mal porque además la izquierda siempre se ha quejado amargamente de la huida de España del talento, cuando su propuesta no sólo conseguiría que ese talento no vuelva, sino que no seamos capaces de atraer talento de fuera. Por cierto, no le he escuchado ni una palabra de los elevados sueldos que cobran los directivos de las empresas públicas, cuando éstos sí que los pagamos todos.
En el fondo se sigue presentando desde la izquierda un arquetipo de empresario malvado, conspirador, que maltrata a sus trabajadores y que opina y rechaza algunos postulados y medidas del Gobierno. Le ha pasado estos días al presidente de Repsol. Josu Jon Imaz lleva tiempo reclamando seguridad jurídica y en una conferencia en Davos ha pedido una transición energética justa, que mire a la industria y alejada de la demagogia y la ideología. Por supuesto, le ha caído la del pulpo. La vicepresidenta Rivera le ha acusado nada menos que de negacionista.


Veremos en qué queda esta nueva andanada al mundo empresarial y como se conjuga con una economía que se frena, con una inversión cayendo a plomo y una situación política que ya está en las portadas de los grandes periódicos mundiales. 

Ahora, a por los salarios de los directivos

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