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viernes | 19 abril | 2024
La misión independiente de la ONU para investigar la invasión de Ucrania, que ya en septiembre concluyó que se cometieron crímenes de guerra por parte de Rusia en el actual conflicto, lamentó ayer la falta de acceso a los territorios ocupados por las fuerzas armadas rusas, lo que dificulta su labor.
“Hemos establecido contacto con la Federación Rusa en varias ocasiones sin resultado”, destacó la bosnia Jasminka Dzumhur, uno de los tres miembros de la misión de expertos, en una rueda de prensa para analizar los resultados de su segunda visita a Ucrania para seguir recabando evidencias de crímenes de guerra. “Debido a ello, la recolección de pruebas es difícil”, destacó Dzumhur, quien explicó que pese a ello pudieron entrevistar a victimas y testigos de abusos en zonas ocupadas o recientemente liberadas, incluyendo desplazados internos procedentes de la localidad de Jersón.
Otra dificultad en las pesquisas fue a la hora de hablar con víctimas de violencia sexual, “ya que todavía hay mucha estigmatización al respecto y muchas no están dispuestas a hablar públicamente de lo que han sufrido”, indicó la investigadora.
La misión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose y que completa el colombiano Pablo de Greiff, llevó a cabo en los últimos días una segunda visita a Ucrania, a la que se sumaron a lo largo de este año otras ocho de investigadores de la misión, creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mose explicó que tras concluir en septiembre que Rusia cometió crímenes de guerra durante la invasión en cuatro zonas entonces investigadas (Kiev, Járkov, Sumi y Chernihiv) el propósito ahora era ampliar el área de las pesquisas. Para ello, los expertos visitaron Odesa, zona cercana a uno de los principales frentes de batalla en los últimos meses (el área de Jersón) y se entrevistaron entre otros con responsables del Tribunal Supremo, la Fiscalía General o la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos.
La meta de la misión es reunir evidencias para futuros procesos penales a nivel nacional o internacional contra los perpetradores de crímenes de guerra y otros abusos. Dzumhur subrayó que las investigaciones giran también alrededor de daños a infraestructuras civiles, ya que también pueden ser un crimen de guerra.
La Comisión Europea (CE) propuso ayer castigar hasta con un máximo de cinco años de prisión a quienes intenten esquivar las sanciones contra Rusia acordadas a nivel europeo, con el objetivo de hacer más efectivas las medidas restrictivas impuestas por la guerra en Ucrania.
Con ello, Bruselas quiere también facilitar la confiscación de los activos rusos congelados, “porque para ello hace falta una condena penal”, dijo el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.
Aunque no quiso señalar a ningún país en particular, admitió que en algunos Estados miembros ciertas conductas son consideradas meras “faltas administrativas” y que pueden acarrear consecuencias por parte de la Comisión.
