viernes 30/10/20

Ourense excluye las comidas privadas y el alcohol de los gastos de los grupos

Tres de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Ourense, PSdeG, PPdeG y Bloque, suscribieron ayer en la junta de portavoces un acuerdo en el que excluyen de los gastos con cargo a las asignaciones de los grupos municipales las “comidas privadas y alcohol”.

somoza da la mano a rosendo fernández, en presencia de agustín fernández y pérez jácome efe
somoza da la mano a rosendo fernández, en presencia de agustín fernández y pérez jácome efe

Tres de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Ourense, PSdeG, PPdeG y Bloque, suscribieron ayer en la junta de portavoces un acuerdo en el que excluyen de los gastos con cargo a las asignaciones de los grupos municipales las “comidas privadas y alcohol”.
Tan solo Democracia Ourensana (DO) se desmarcó, aunque sí apoyó la iniciativa de publicar trimestralmente en la web del ayuntamiento las cuentas de los grupos, propuesta que contó con el respaldo de todos los partidos.
Los grupos se reunieron ayer para diseñar el código ético municipal que permita erradicar dudas sobre el destino de las asignaciones económicas.
Durante aproximadamente una hora y media los cuatro portavoces debatieron estas cuestiones acerca de la transparencia y legitimidad para los gastos de los grupos municipales.
Tras la reunión, el alcalde socialista Agustín Fernández expuso que “se incorporará a la web la contabilidad de los grupos de 2012” y que “a partir de ahora se hará trimestralmente”, independientemente de que los grupos decidan hacerlas públicas en las páginas de sus partidos.
En cuanto a los “límites” sobre el destino de los fondos se excluye “cualquier comida que no tenga relevancia o trascendencia pública”, así como el pago de “bebidas alcohólicas, salvo en lo que se refiere a celebraciones tradicionales como el magosto”.

gastos impropios
Con lo que haya excedido de esos criterios, pasando a formar parte de lo que definieron como “gastos impropios”, pese a ser legales, “se procederá a su devolución al grupo” y se destinará a “fines sociales”.
En un principio, esto se aplicará a las cuentas de “2012 y años siguientes” para fijar así “criterios de futuro” y “no repetir errores”, subrayó el alcalde.
Por su parte, el portavoz del PPdeG, Rosendo Fernández, que apuntó que estas medidas se adoptan después del “escándalo” de recibos de compras de alimentos y bebidas alcohólicas del grupo socialista, manifestó que “cada uno” debe “aplicar su conciencia y ética política” pero que se hacen necesarios “unos mínimos”.
Con todo, consideró también un “gasto impropio” el préstamo de 21.000 euros a un funcionario con fondos de la asignación del grupo socialista y aseguró que siguen a la espera de la documentación de dicho préstamo para tomar medidas futuras.

préstamo
En este sentido, el alcalde hizo hincapié en que se han puesto a disposición “del portavoz del PP y de todos los grupos” los “justificantes del préstamo y del reembolso” que se está realizando, junto con los movimientos de la cuenta corriente socialista.
Además, reiteró que el funcionario a quien se le hizo el préstamo está “a disposición” de los portavoces.
Fue el BNG quien, en el pleno extraordinario del pasado jueves, en el que se trató la reprobación del alcalde, propuso y supeditó su apoyo al regidor al establecimiento de los límites de gastos y la devolución del importe de los “impropios”. Su portavoz, Xosé Somoza, indicó los acuerdos se cumplirán salvo en “las fiestas tradicionales”. Solo DO se desligó de estos acuerdos. Su portavoz, Gonzalo Jácome, manifestó que debe existir una “libre disposición” de esa asignación, si bien deben “publicarse en la web” para que puedan ser los ciudadanos quienes “estén informados de en qué se gasta ese dinero” y decidan sobre la gestión de cada grupo “en las elecciones”.
Concluyó que la determinación adoptada sobre el alcohol, aunque “no vamos a gastar nada”, dijo, es “implantar una ley seca, algo ridículo”.
En la junta de portavoces también se ha tratado, según explicó el alcalde, establecer un control sobre la ejecución de las mociones y la duración de los plenos.

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