La Fiscalía Antidroga considera que ha quedado probado que los miembros del clan de los Charlines, que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, blanquearon ganancias obtenidas del tráfico de drogas mediante la compra de bienes, como una fábrica en China, de los que luego ocultaban su verdadera titularidad. 

Así lo ha expuesto el fiscal antidroga Luis Uriarte en su informe final en el juicio a diez personas ligadas al clan de los Charlines, para las que pide penas de 5 y 6 años de cárcel y multas de 10 y 12 millones de euros por blanqueo del narcotráfico en el seno de una organización delictiva entre 2003 y 2010.

Si bien ha mantenido las penas que pedía en sus conclusiones provisionales, se ha abierto a la posibilidad de alguna ligera rebaja si el tribunal decide aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, siempre y cuando no concurran agravantes en los acusados, como sería el caso, ha dicho, de dos miembros del clan: Teresa Charlín Pomares y Noemí Outon Charlín.

Junto a ellas se sientan en el banquillo otros hijos y nietos del fallecido patriarca Manuel Charlín Gama: María José, Francisco Melchor y Óscar Felipe Charlín Pomares, así como Natalia Somoza Charlín, y los presuntos testaferros, Ramón Rodríguez Paz y Roberto Adán Allo.

El clan ya fue condenado por blanqueo del tráfico de drogas en 2003, pero, pese a la condena, sus miembros prosiguieron con esa actividad hasta 2010, cuando se puso en marcha esta nueva investigación durante la que fallecieron Manuel Charlín Gama y su hijo Manuel Charlín Pomares, en 2021 y 2019, respectivamente.

El fiscal antidroga ha rechazado a este respecto que exista cosa juzgada como alegaron las defensas al inicio del juicio, ya que se les condenó por los beneficios que introdujeron en ese momento en el mercado para su blanqueo y no por los que afloraron después.

Para el fiscal ha quedado acreditado que en las operaciones investigadas, entre ellas la compra por 1,9 millones de una planta de elaboración y transformación de productos del mar en China o la adquisición en subasta de una depuradora de mariscos por 800.000 euros, se produjo un acto de blanqueo porque el dinero invertido procedía del trafico de drogas y se ocultaba la verdadera titularidad del bien que se adquiría.

De lo investigado, según ha destacado, se ha determinado que Teresa Charlín contaba con 23 inmuebles y solo tres de ellos fueron adquiridos con "financiación ajena", lo que probaría su procedencia ilícita.
Además, disponía de una cuenta que llegó a tener un millón de euros y la única vía de ingresos eran cheques y dinero en efectivo sin que se acredite la procedencia.

De esa cuenta salió, ha asegurado el fiscal, el dinero con el que su hija Natalia compró la depuradora, un bien, ha destacado, que fue siempre de Teresa por lo que entiende que la escritura de esa propiedad "es ya un indicio grave de blanqueo de capitales".

Lo mismo sucedería con la fábrica de China, de la que también se intentó ocultar la titularidad, pero las intervenciones telefónicas y las pruebas halladas en los registros demostrarían que también era propiedad de Teresa.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide el decomiso de la depuradora de marisco ubicada en A Illa de Arousa (Pontevedra), así como del dinero de la inversión en China y de cuatro fincas urbanas y un inmueble y los fondos bloqueados en sus cuentas en Suiza.

El juicio continúa mañana con los informes de las defensas.