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jueves | 25 abril | 2024
La crisis energética desatada en los últimos meses en la provincia de A Coruña se encuentra lejos de terminar, tal y como advierten la Xunta y los principales sindicatos de la comunidad, que durante la mañana de ayer mantuvieron una reunión en Santiago de Compostela para abordar la problemática de la central de As Pontes. El objetivo de este encuentro, al ingual que los mantenidos por las centrales y representantes de los comités de empresa de las auxiliares de Endesa con la gerencia de la eléctrica y las diferentes corporaciones de la Mancomunidad, era tratar de encontrar soluciones y propuestas para desbloquear la situación con el Gobierno central.
En la citada reunión participaron tanto los conselleiros de Economía e Industria, Francisco Conde, e Infraestruturas, Ethel Vázquez, como portavoces de las pertinentes federaciones de los sindicatos CCOO, CIG y UGT, así como un representante del comité de empresa de la central de As Pontes.
Así, desde la Xunta se ha advertido al ejecutivo de Pedro Sánchez que de no adoptarse medidas para revertir la situación “nun futuro próximo” se podría ocasionar “un déficit na producción enerxética e un problema de subministración”. La administración autonómica, por tanto, se comprometió a trabajar de manera conjunta y activa con las centrales sindicales para identificar y desarrollar medidas “que garantan o emprego industrial e o futuro do sector enerxético en Galicia”.
Empleos en peligro
Uno de los principales puntos tratados a lo largo del encuentro fue el impacto que tendrá el cierre de las centrales en los empleos de las comarcas en las que se asientan. Meirama, propiedad del grupo Naturgy, cesará definitivamente su producción en 2020 al no haberse efectuado ninguna inversión para adaptarla a los nuevos estándares de emisiones; As Pontes, no obstante, sí que recibió una inyección de 220 millones de euros para prolongar su vida más allá de 2030.
Sin embargo, la especulación en el mercado europeo de emisiones paralizó la actividad de esta última desde el mes de abril, siendo los trabajadores de las industrias auxiliares los principales afectados. La Xunta calcula que cerca de 750 familias –cuya fuente de ingresos depende de las 200 empresas asociadas a la central– se verán fuertemente perjudicadas por el cierre.
El principal colectivo en sufrir el cese de la producción fue el de los transportistas de carbón, que se enfrentan a pérdidas millonarias tras adaptar sus flotas de camiones a los estándares de emisiones marcados por Endesa y Europa. Estos nuevos vehículos, advierten desde la patronal del sector, únicamente sirven para el transporte de este recurso, por lo que la parálisis de As Pontes impide amortizar el gasto de su adquisición –en muchos casos asumido por los propios trabajadores–.
Medidas iniciales
Tal y como adelantó tanto la Xunta como los sindicatos, la primera medida que se va a adoptar será la concertación de entrevistas con la gerencia central de Endesa en Madrid, con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con el comisario europeo de Energía, Miguel Árias Cañete.
En el caso de la titular ministerial, el grupo de trabajo le exigirá la eliminación del céntimo verde al carbón, equiparándolo a otros combustibles menos contaminantes, para que así la central pontesa pueda asumir el sobrecoste que supuso el incremento en el precio de las emisiones. Por parte de Arias Cañete, desde la administración autonómica se le instará a que actúe de forma efectiva sobre la situación del mencionado mercado, que en los últimos años multiplicó por cinco el coste de la unidad de CO2 liberada a la atmósfera.
