Los procuradores del turno de oficio de Ferrol llevan dos años sin cobrar

Los procuradores del turno de oficio de Ferrol llevan dos años sin cobrar
Rumanos en el Juzgado

Un grupo de procuradores de Ferrol adscritos al turno de oficio –asistencia jurídica gratuita– hizo público ayer su malestar por el hecho de que llevan dos años sin cobrar las retribuciones que les corresponden. El problema afecta a una veintena de profesionales que trabajan en los juzgados ferrolanos, a los que se adeuda una media anual por procurador de unos 3.000 euros.
No obstante, no todos ellos están de acuerdo en dar a conocer la situación que atraviesan, que afecta principalmente a los procuradores más jóvenes, que todavía no tienen clientes fuera de la justicia gratuita y, sin embargo, deben seguir haciendo frente, al igual que el resto, a las cuotas del Colegio de A Coruña, del que dependen. Los gastos mensuales fijos de estos profesionales rondan los 400 euros y, según comentaban ayer los denunciantes, “a los que están empezando, lo poco que se percibe del turno de oficio, que es practicamente una miseria, les permitía ir subsistiendo”.
El malestar existente en los colegiados de Ferrol es muy grande y, de hecho, seis ya se dieron de baja en el turno de oficio.
Si bien es cierto que siempre hubo retrasos en las percepciones que reciben de la Xunta de Galicia a través del Colegio de Procuradores de A Coruña por la asistencia jurídica gratuita, también lo es que nunca se llegó a estos extremos, que afectan en mayor medida a Ferrol.
A este respecto cabe señalar que a los procuradores de esta ciudad se les adeudan los cuatro trimestres de 2013 y los tres que se han cumplido de 2014, además de unas pequeñas cantidades pendientes desde 2012. Mientras tanto, los de A Coruña, Betanzos, Carballo y Ortigueira tienen pendientes de cobrar el cuarto trimestre de 2013 y los tres del presente ejercicio.
Parte de los afectados se queja de que desde el pasado mes de febrero, cuando el decano del Colegio de Procuradores de A Coruña realizó una visita a Ferrol, cada quince días se les dice que van a cobrar, pero pasan los meses sin que eso se cumpla. Aseguran que la Xunta de Galicia le echa la culpa al Colegio y este a la Xunta, pasándose la pelota de un lado a otro sin que nadie resuelva su problema.

aclaración del Decano
El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Javier Carlos Sánchez García, explicó ayer a través de un escrito la situación generada en la delegación de Ferrol, que califica de “absolutamente lamentable”, precisando que, por la información recibida, el malestar no solo obedece a los retrasos en la percepción de las retribuciones del baremo de asistencia jurídica gratuita, sino también a la “inacción, inactividad o dejadez del Colegio”.
Por esa razón, quiere dejar claro que el único que ha puesto solución al problema, pese a las enormes dificultades y atrancos, “ha sido el Colegio de Procuradores con su decano a la cabeza, responsable para bien o para mal, habiendo recaído en este caso, de manera totalmente injusta, una inmensa mayoría de las críticas y censuras en el vocal de la Junta de Gobierno y encargado de la delegación de Ferrol, Eduardo Fariñas Sobrino”.
Entre las causas del “lamentable retraso”, el decano cita la exigencia, en el año 2013, de la Xunta a los Colegios de Abogados y Procuradores de que las justificaciones de intervención profesional deben presentarse de manera telemática. Esta circunstancia los obligó a adaptar su programa de gestión y se hizo, a pesar de algunas disfunciones iniciales que fueron subsanadas,  pero se encontraron con el hecho de que, a diferencia de la situación anterior al sistema telemático, a los procuradores y a su Colegio se les exigía también introducir un número dado por el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados correspondiente. Según Sánchez García, en el caso del Colegio de Abogados de Ferrol no se solicita la designación de procurador de forma telemática, sino que se hace mediante comunicación en papel. No obstante, ese hecho no afecta a la tramitación, ya consta el número de SOJ asignado, aunque en esos casos la inserción en el expediente del procurador tiene que efectuarse de forma manual por el personal adscrito al servicio.
Pero también hay peticiones de designación de procurador de asistencia gratuita que proceden de los juzgados y en las mismas no consta el número de SOJ y aquí es donde radican los mayores problemas, según indica el decano, precisando que el Colegio tiene la obligación de designar a un procurador y este de representar al cliente, pero al no disponer de número de SOJ no pueden justificar la intervención y no se cobra.
Ante esta situación, el Colegio barajó diferentes alternativas. Primero se instó a la Xunta para que las solicitudes de designación de procurador provenientes de los juzgados se canalizaran a través de los Colegios de Abogados, pero estos se negaron en bloque a aceptar la medida propuesta. Ante esta negativa, se solicitó a todos los juzgados que hicieran constar el SOJ, pero, al parecer, muchos de ellos no lo hicieron.
Tras las dificultades impuestas, el Colegio de Procuradores optó por adquirir y desarrollar a su costa diferentes herramientas informáticas para solucionar el problema, pero necesitaba conectar sus programas de gestión  con los del Colegio de Abogados de Ferrol, autorización que, al parecer, tardó en llegar más de cuatro meses.
El siguiente inconveniente se presentó, según el decano de los procuradores coruñeses, cuando la Xunta bloqueó totalmente el pago mientras no resolvía las alegaciones presentadas por el Colegio por algunas certificaciones que eran incorrectas o defectuosas. Una de las causas del bloqueo procedía del pago de intervenciones en los recursos de apelación cuando intervienen dos procuradores en su trámite, uno ante el juzgado y otro ante la Audiencia, porque el sistema solo reconoce el pago a uno solo.
A la vista de esta circunstancia, el Colegio se vio obligado a instar a la Xunta, a través del Consello Galego de Procuradores, a modificar el baremo de compensación mediante el pago del 60% al de instancia y el 40% restante al del recurso. En Ferrol hubo un problema a mayores, ya que, una vez cubiertos todos los trámites, los procuradores seguían sin cobrar y se descubrió que era debido a que el Colegio de Abogados les había signado un código informático equivocado, cuestión solucionada también. De ahí que el decano confíe en que el pago de lo adeudado se produzca de inmediato, ya que fue autorizado por la Xunta hace una semana.

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