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miércoles | 24 abril | 2024
El grupo municipal del PP de Ferrol calificó ayer de “deleznable” y de abuso de autoridad del alcalde el supuesto trato de favor ejercido por el regidor, Jorge Suárez, para la concejala de Urbanismo, María Fernández, al reclamar la agilización de un trámite ante una trabajadora municipal.
La acusación se basa en la queja de una funcionaria –jefa de negociado de Estadística– a la que se le ordenó emitir un certificado de convivencia urgente para una persona en situación de enfermedad terminal, en base a la facultad que tiene el regidor de alterar el orden de despacho de asuntos o expedientes cuando existan razones motivadas –artículo 71,2 de la ley 39/2015–. Dicha trabajadora municipal denunció, a través de una queja remitida al alcalde, a través del registro municipal, que la edil de Urbanismo le notificó verbalmente que el interesado –pese a no haber sido ella la que solicitó el certificado– era su cuñado, que estaba muy grave y que se hacía urgente la emisión del documento. Días más tarde le volvió a preguntar por el certificado y, tras conocer el estado de la tramitación, “comezou a berrar e humillarme”, tal y como apunta la funcionaria en su escrito. La trabajadora señala que la situación le creó “tal ansiedade” que tuvo que hacer un receso antes de poder atender al público.
Presiones
La funcionaria considera que se ha ejercido sobre ella “unha presión durante todo o proceso ademáis dunha humillación pública” e incluso duda de la capacidad del regidor para alterar el orden de tramitación de los expedientes, argumentando que “non pode basearse no interés para un membro do goberno, por moitas razóns humanitarias ás que se puidera acoller”.
La portavoz del Partido Popular, Martina Aneiros, demandó ayer públicamente la urgente comparecencia del alcalde por el supuesto “abuso de autoridad y trato de favor cometido sobre una funcionaria municipal”.
Aneiros calificó las prácticas como “de la concepción más rancia de las viejas políticas que podría llevar a cabo un alcalde de las Mareas” y criticó que una concejala “pretenda colarse por encima de los vecinos, exigiendo dejar de atender los trámites ordinarios de la trabajadora”.
Los populares manifestaron su apoyo a la funcionaria, alegando que se trata de un área que estaba atendida por una sola persona, a pesar de la carga de trabajo que tiene, y exigieron explicaciones para que se aclare la situación y, en todo caso, se abra un expediente informativo para esclarecer las responsabilidades oportunas que, aseveró Aneiros, “en ningún caso están justificadas”. La popular condenó la actitud tanto de la concejala con la funcionaria como del alcalde “que pisotea y ningunea para beneficiar a su concejala” y denunció que el partido que gobierna –FeC– se basa en la política de “no sabe con quién está hablando”.
La portavoz socialista, Beatriz Sestayo, preguntada por este hecho, manifestó su interés por “escoitar ás partes”, aunque explicó de ser cierto el trato de favor “debería orixinar ceses inmediatos”, argumentando que “o autoritarismo e as coaccións e usos privilexiados son incompatibles coa ética de servicio público”.
El PSOE señaló que preguntará de forma inmediata “ao goberno, á concelleira tránsfuga e ao persoal municipal”.
Política de cloaca
La situación creada por las quejas de una funcionaria sobre una tramitación administrativa fue respondida ayer por Álvaro Montes, que acusó al Partido Popular de llevar a cabo una política “de cloaca”.
El portavoz del ejecutivo explicó que se acusa al gobierno de tener un trato de favor hacia una persona que estaba en situación persoal de extrema gravedad cuando lo que se trataba, “e a sí o faculta a lei, é tratar esos casos con especial urxencia, como fai a Xunta e o Concello noutros casos como a tramitación de tarxetas de aparcamento para xente de paliativos”. Recordó, además, que la solicitud no se tramitó por parte de ningún miembro del gobierno y se tardaron 11 días en dar un documento que se puede realizar en dos horas.
El ejecutivo rechaza que haya habido trato de favor para la edil, sino, en todo caso, “un perxuízo para un veciño e unha familia da nosa cidade”, al haberse solicitado el documento con errores que invalidaban su propósito hasta en tres ocasiones.
La propia concejala María Fernández, visiblemente afectada, explicó cómo se produjeron los hechos, indicando que “una persona, pidió un histórico de empadronamiento que necesitaba un enfermo terminal –su cuñado–para presentar una última voluntad y hasta dos veces se emitió erróneamente por ventanilla. A la tercera vez me acerqué al despacho de la funcionaria para ver si lo podía rectificar y creo que lo utilizó como medida de presión por la carga de trabajo o por no admitir cómo estaba desarrollando su labor y tuvo que recibir una orden de alcaldía. Finalmente, ese certificado no llegó a tiempo".
La concejala también redactó un escrito de queja contra la funcionaria responsable. l
