As Pontes exige a Endesa la paralización “inmediata” del proceso de recolocaciones

El Concello de As Pontes ha sido contundente en su rechazo al proceso de recolocación de empleados de la central térmica de la localidad iniciado por Endesa esta semana. Por medio de un comunicado, el consistorio pontés criticó el “incumprimento dos compromisos adquiridos pola Dirección da empresa a asignación de novas plazas”, en referencia a las declaraciones del consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, sobre que las recolocaciones se harían en un radio de unos 40 kilómetros de la central.

A pesar de que fuentes de la propia empresa apuntaron que en los acuerdos alcanzados tanto en 2019 como en 2020 se especificaba que las recolocaciones podrían ser o no forzosas y que se harían de forma unitaria, el Concello afeó que tan solo un 36% de los puestos asignados “responden as demandas das persoas traballadoras”. “A empresa debe paralizar, de xeito inmediato, este proceso de recolocación, cumprir cos compromisos adquiridos no Acordo de Recolocación e garantir as necesidades de persoal”, sentenció la responsable de Industria del municipio, Ana Pena.

Al respecto de esto, fuentes cercanas a la eléctrica garantizaron que, incluso con el personal desplazado, la planta podría seguir operando con normalidad.

Resultados de las pruebas

Parte del conflicto en torno a la recolocación responde al hecho de que acaban de terminar las pruebas con una mezcla al 50% de carbón y biocombustibles en la planta, las cuales fueron calificadas como “excelentes” por el comité de empresa pero sobre las que la eléctrica por el momento no se ha pronunciado.

En este sentido, el Concello sentenció que era “inadmisible” iniciar dicho proceso “cando aínda non se coñecen os resultados” de las mismas.

De un modo idéntico se expresó el diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, que solicitó al Gobierno central que convoque un comité de expertos en materia de transición energética para abordar la situación. Además, el representante presentó una iniciativa en el Congreso para que el ejecutivo exija a la eléctrica que haga públicos los resultados de las pruebas.