La presencia de “gorrillas”, individuos que solicitan dinero en los aparcamientos públicos de la ciudad naval a cambio de “encontrar” una plaza para estacionar y supuestamente cuidar los vehículos, es una constante desde hace años. Aun con la creación de nuevos párkings disuasorios en distintos puntos de Ferrol, la problemática de dónde dejar el coche durante las horas de más actividad laboral y comercial se mantiene, lo que fomenta esta actividad, especialmente en el entorno del Sánchez Aguilera y del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Así, en los últimos días, numerosos vecinos trasladaron a este diario –además de expresar su frustración por medio de las redes sociales– que estos “gorrillas” están adoptando actitudes “agresivas” contra aquellos que rechazan darles algo de dinero o que incluso aparcan antes de recibir indicaciones. De este modo, si bien no se han recibido denuncias por desperfectos en los vehículos, esta situación está provocando que no pocos usuarios traten de evitar estos estacionamientos, especialmente en horas de poca luz.

Con respecto a esta problemática, fuentes municipales apuntaron que las principales áreas de actuación contra estos individuos son los mencionados aparcamientos del CHUF, donde operan una o dos personas, y del Sánchez Aguilera, con otras tantas –que se reparten el espacio, de modo que uno está en la zona asfaltada de la calle Cardosas y otro en el área más grande que conecta con la avenida do Rei–. Todos estos “gorrillas”, señalan desde el Concello, están identificados por el cuerpo de seguridad municipal.

De este modo, desde el gobierno local se pretende paliar esta situación con una mayor presencia policial en ambas zonas, personándose patrullas de forma regular “para vigilar y controlar” esta actividad de cara a “garantizar en todo momento la seguridad y tranquilidad” de los usuarios de estos estacionamientos públicos. El problema, como apuntan estas mismas fuentes, es que la derogación de las faltas en el año 2017 –Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal– dificulta atajar esta coyuntura. Y es que, con la nueva normativa, no se prohíbe esta actividad, por lo que, si no se producen alteraciones del orden público por parte de estos individuos, los agentes municipales no pueden intervenir.