El informe del Valedor do Pobo recoge un aumento de quejas en la comarca

La institución del Valedor do Pobo, que preside Milagros Otero, dio a conocer el pasado viernes el informe anual correspondiente al año 2017, que recoge las demandas ciudadanas, de colectivos e incluso de oficio, llevadas a cabo por la propia institución, a lo largo del año y dirigidas a distintos organismos de la administración autonómica.
Aunque muchas son comunes y relativas a asuntos de interés general para toda Galicia, otras son tan concretas, que se refieren no solo a un municipio sino a una circunstancia particular de un individuo. A todas ellas se ha dado salida desde el Valedor, aunque con mayor o menor éxito.
En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, el número de quejas efectuadas este pasado año referidas a los Concellos, es decir, en los que la administración local tiene la competencia de poner o no solución, han aumentado notablemente con respecto al informe del año anterior, 2016. De este modo, se ha pasado de las 136 quejas a las 172, contempladas en este último informe dado a conocer esta semana.
Si la cabecera de comarca, Ferrol, se situaba el año pasado en el primer puesto de origen de las demandas dirigidas al Concello, en esta ocasión, Narón se lleva la palma, con 165 quejas procedentes de este municipio, de las cuales nada menos que 124 tienen que ver con asuntos de la administración local. En Ferrol solo se contabilizaron 52 quejas ante el Valedor do Pobo y solo 14 de ellas se refieren al Concello.
Otros Ayuntamientos contra los que se ha presentado alguna petición al organismo autonómico para su intermediación son los de Cabanas, con ocho; Mugardos, y San Sadurniño, con tres; Neda, Cariño, Valdoviño o Fene, con dos; y A Capela, Cedeira, Cerdido, Ortigueira, Mañón, Moeche, As Somozas y Monfero.
Entre las áreas que ocasionaron quejas en los Concellos de esta zona se encuentra uno de los temas candentes el pasado año en el ámbito educativo, la reestructuración del CPI Monte Caxado, que suscitó hasta 229 quejas por el desacuerdo de la comunidad educativa con la transformación del tipo de centro, desapareciendo el centro público integrado y traspasando al alumnado de menos edad al CEIP A Magdalena y el de secundaria al IES Moncho Valcarce.
La valoración inicial de la institución era que las decisiones de reorganización adoptadas en el concello de As Pontes se basaban en una habilitación normativa a favor de la administración educativa, cuando tiene que basarse en la aplicación de criterios de diverso tipo. La supervisión no se pudo concluir, como se recoge en el informe, debido a que se admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo del Concello y se anunció otro del ANPA de Monte Caxado, lo que obliga al Valedor a no seguir con la tramitación.
Más allá del ámbito de la Educación, el informe recoge algunas quejas vinculadas con el área de Medio Ambiente en Ferrol. En este caso, se refiere al exceso de ruido en un local. La valedora requirió información al Concello sobre el tipo de licencia y actividad y se demostró que tenía licencia de bar y empleaba música con altavoces, para lo que tendría que disponer de la de pub. Se abrió un expediente de reposición de legalidad, aunque no se sancionó al establecimiento.
En el área de Benestar Social se recogen retrasos en prestaciones de dependencia –también medidas implantadas como la ampliación de seis nuevos puestos de trabajos en la RPT de Ferrol para los equipos del municipio–, así como denuncias de mal trato recibido en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer –UFAM– de Ferrol y en un Juzgado de Instrucción.
Las quejas por los horarios del autobús que une Ferrol y Cedeira y su desajuste con las necesidades suscitó también la intervención del Valedor do Pobo, aunque finalmente se adaptaron los servicios para atender a las demandas vecinales y del Concello.
Otras demandas –Cabanas–estaban vinculadas con plataformas vecinales y la carencia de espacios de reunión. l