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jueves | 25 abril | 2024
El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, presidirá la Asociación Nacional de Municipios para una Transición Energética Justa surgida de la Declaración de Carboneras, localidad almeriense en la que se reunieron los alcaldes de los ayuntamientos “afectados por las políticas de transición energética”.
Junto con el concello pontés y el de Cerceda –Naturgy cerrará Meirama a mediados del año que viene, tal como anunció hace un año–, integran la asociación los municipios de Los Barrios, Cubillos del Sil, La Robla y Carboneras, si bien el número de miembros se ampliará, aseguran, con localidades que poseen instalaciones energéticas afectadas por la transición energética, además de municipios con centrales térmicas, nucleares o de cogeneración que ya demostraron su interés por integrarse en la entidad.
La asociación recuerda que los emplazamientos en donde en su momento se construyeron este tipo de centrales están actualmente en crisis y sus habitantes “ven peligrar su bienestar”. Por ello se marcan como objetivo prioritario la defensa de los derechos de las personas que viven en las localidades afectadas por las políticas de transición energética, para lo que se proponen hacer un frente común ante las administraciones con competencias en la materia –desde la Comisión Europea hasta las Diputaciones, pasando por los gobiernos autonómicos y central– para solicitar “el desarrollo de un cambio de modelo progresivo y consecuente”. También plantearán a las empresas energéticas con instalaciones en estos municipios su “implicación directa a través de la aportación de fondos directos y concretos para cada territorio”.
Participar en los planes
Además, la asociación que presidirá el alcalde de As Pontes y que tendrá su sede en la localidad leonesa de Cubillos del Sil, tratará de participar “en la elaboración de los planes de desarrollo e inversión” que creen los organismos públicos para paliar los efectos de la transición ecológica.
La llamada Declaración de Carboneras, de la que surge esta entidad, considera que tienen que tomarse medidas estratégicas y también a corto plazo para “paliar los dos principales efectos que tendrán los posibles cierres de las centrales térmicas en sus respectivos territorios: el daño económico y social en materia de empleo, seguridad e inversión, además del perjuicio que ocasionarán estas clausuras en las economías municipales”.
