Las redes sociales, con sus luces y sus sombras, se han convertido en los últimos años en una herramienta de gran utilidad para conocer el día a día de los vecinos de cualquier población. Gracias a los móviles inteligentes, todo suceso o incidente puede ser grabado y, en cuestión de minutos, viralizarse gracias a perfiles de denuncias y grupos y plataformas vecinales.
Así, desde hace meses, uno de los temas más recurrentes en esa telaraña de páginas web y servicios de mensajería de los que hacen uso los habitantes de Ferrol ha sido el de los residuos voluminosos abandonados en plena vía pública y los vertederos incontrolados en el rural. Y es que, quizás por un efecto llamada o por la sensación de impunidad que genera el saber que es muy difícil ser pillado en el acto, parece que se han multiplicado estas conductas incívicas para disgusto de los residentes y del propio gobierno local.
“Tenemos un servicio de recogida tanto para el entorno urbano como para el rural, con unos días marcados para los diferentes barrios, y los vecinos solo tienen que llamar. Se les da una cita y se les indica el punto al que tienen que bajarlos”, explica el concejal de Servizos, José Tomé, apuntando que “el problema es la gente que saca los enseres sin avisar y sin nada”.
En este sentido, el edil ferrolano comparte la frustración de las asociaciones de vecinos, que no ven cómo se puede solucionar una situación que ya no es puntual y que, a su vez, afecta a otros servicios y prestaciones municipales al alterar significativamente el normal funcionamiento de los mismos. “Aparte de que es algo que provoca problemas a los vecinos al ocupar las aceras, también causa un perjuicio en los costes, porque los operarios que se dedican a hacer otros trabajos tienen que parar para ir a recoger estos voluminosos”, explica, poniendo como ejemplo los vertederos incontrolados en Mandiá, señalando que en muchas ocasiones se habilita un servicio adicional y tras dos días liberando la zona, vuelven a recibir una llamada informando de que el área está otra vez como antes de la limpieza.
Precisamente estos últimos, los depósitos ilegales en el rural, son uno los principales quebraderos de cabeza del Concello dado el alto coste que supone su eliminación. A este respecto, José Tomé detalla que, cada año, el gobierno local debe invertir más de 112.000 euros para retirar unas 300 toneladas de residuos, de las cuales 35 se corresponden a amianto –que tiene que ser recogido por una empresa especializada, con un coste de unos 1.300 euros por tonelada–. “La pena es que ese dinero podría emplearse en otras cosas”, lamenta el concejal ferrolano.
Ante esta coyuntura, la gran pregunta es qué se puede hacer para solucionar este problema. Desde el área de Servizos se señala que la idea es impulsar más campañas informativas para asegurarse de que la población sepa que “tiene alternativas” para deshacerse de los enseres, pero también se está planteando reforzar la vigilancia y sancionar a los infractores para eliminar el efecto llamada y la sensación de impunidad que se pueda tener. “Vamos a hacer campañas publicitarias para que la gente se conciencie, pero también para que se atenga a las consecuencias”, señala José Tomé, recordando que las multas pueden llegar a alcanzar los 3.000 euros.
Por parte de los vecinos, la situación ya es más compleja. Las sanciones, explica el concejal, de ser sorprendido en el acto por los agentes de la Policía Local, se tramitan por la vía rápida, sin necesidad de abrir un expediente, y su cuantía va determinada por el tipo de falta –de 750 a 3.000 euros, teniéndose en cuenta factores como la intencionalidad o la reincidencia–. No obstante, de ser un residente o incluso una entidad vecinal la que realiza la denuncia, el proceso es mucho más complejo. “Se han dado casos de llamadas a la Policía o algún vecino que ha sacado una foto, pero es más largo el procedimiento porque hay que abrir un expediente, tramitar una denuncia (...), hacer comprobaciones... es más lento”, apunta Tomé, señalando que en varias ocasiones las AVV han colaborado con los agentes municipales y que hay casos que se están investigando.
Asimismo, el edil de Servizos también señaló que se está estudiando reforzar la ordenanza municipal y que, en el caso de los vertederos incontrolados, la actuación en los mismos se incluirá en el nuevo pliego del servicio de recogida de residuos, lo que “agilizaría” su eliminación.
El barrio de San Pablo es uno de los que trae más de cabeza al Concello y a la propia Asociación de Vecinos. Según detalla su presidente, se han realizado numerosas campañas informativas sin lograr resultados. De hecho, desde la propia entidad se han resignado y llaman directamente a Urbaser para solicitar recogidas por toda la zona, pero lamentan que de poco sirve, pues al poco de limpiar, el área vuelve a estar como antes.
La problemática de los enseres en Caranza, como detallan tanto la AVV como el propio Concello, es una constante, pero, de un modo similar a Ferrol Vello, la repoblación del área lo ha agravado. Y es que, como explica Mapi Rodríguez, mucha gente está comprando pisos que ya están amueblados, pero con elementos anticuados, y opta por deshacerse de ellos sin avisar a Urbaser. A día de hoy, hay ya una decena de “puntos negros”.
De todas las consultadas, la AVV de A Magdalena es la que menos quejas recibe por voluminosos. Tal y como relata su presidente, Pedro Sanz, los vecinos “cumplen” con sus obligaciones cívicas, salvo en casos puntuales. Su única queja en relación a los residuos es relativa a los comercios, dado que el servicio de recogida de cartones es a mediodía “y a veces se retrasa”, lo que puede afectar a la imagen de la ciudad frente a los visitantes.
Desde hace años, el principal problema del rural referente a los residuos son los vertederos incontrolados. Esto ha derivado en un gasto adicional de 112.000 euros al año para el Concello, algo que la Agrupación de Vecinos no ve con buenos ojos; no porque su retirada no sea necesaria, sino por que consideran que se está empleando ese dinero para “solucionarle el problema a los delincuentes”, apostando por más presencia policial.
Ferrol Vello está en pleno proceso de transformación, una situación positiva a largo plazo pero que, a día de hoy, supone un problema, dada la cantidad de enseres que se están depositando a deshora provenientes de viviendas en rehabilitación. Así, desde la AVV se lamenta que “no hay un control” de estos “puntos negros”, señalando que la entidad avisa a Urbaser en cuanto se detecta uno pero que es necesaria una solución.
El barrio de Recimil no se libra de los depósitos de voluminosos fuera de horario, apuntando que “hay muebles tirados continuamente”. A modo de ejemplo, la presidenta de la AVV, Isabel Riveiro, señala el acceso principal desde la carretera de Castilla, donde se acumulan enseres a diario. Según detalla, nadie sabe quién los tira, dado que se realiza de noche, pero considera que es todo una cuestión de civismo y no de falta de información.