Denuncian irregularidades en el proceso de selección de cuatro policías portuarios

Los dos procesos de selección mediante concurso-oposición iniciados por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao el pasado mes de julio han sido impugnados por presuntas irregularidades en los mismos, afirman fuentes cercanas al caso. Al parecer, hasta ocho participantes en el procedimiento habrían denunciado que las bases no se ajustaban a los procesos ordinarios de contratación tanto en otros organismos equivalentes de múltiples puntos de España, como anteriores de la propia Autoridad Portuaria Ferrolana.

Estas mismas fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato, puntualizan que las plazas ofertadas serían de consolidación y, por tanto, orientadas a trabajadores con experiencia en la posición, pero que desde el organismo portuario se estarían tratando como una oferta pública de empleo ordinaria.

La entidad ferrolana, por su parte, apunta en las bases que dicha convocatoria parte de la oferta de empleo pública del 2 de abril –BOE número 79–, ratificada por la administración el 6 de mayo, y que establece 150 posiciones dentro de esta categoría para toda España. A este respecto, fuentes sindicales señalaron que los puestos demandados podían solicitarse mediante autorización tras certificar que derivaban de cuatro posiciones indefinidas no fijas mediante judicial, pero que en ningún caso hubo un reparto –este solo correspondería, aseguran, a las temporales “anteriores a las establecidas en la Ley de Presupuestos”–.

Interpretación
Parte del conflicto surge de la interpretación de qué disposición es la adecuada para la concreción de estas plazas. Según apuntó el comité de empresa los pasados meses de julio y agosto, estos cuatro empleos responderían a la necesidad de estabilizar los puestos de policía portuario que, hasta el momento, eran cubiertos por otros tantos trabajadores que, tras obtener una sentencia judicial favorable –a raíz de su situación de temporalidad y posterior cese–, fueron readmitidos bajo la categoría de indefinido no fijo.

De hecho, el motivo por el que se establecieron dos procedimientos separados para posiciones similares en lugar de una sola –GIII BII N2 y GIII BII N3–, respondería precisamente a dicha disposición judicial.

De este modo, la oferta podría derivar directamente del Real Decreto del 25 de enero –BOE número 23–, garantizando así que dichas plazas sean de consolidación; sin embargo, al señalar que responde a la convocatoria de abril, no hace este punto imperativo, pese a que se hace referencia al mismo en la disposición adicional tercera sobre personal indefinido no fijo por sentencia judicial.

Otras irregularidades
Las irregularidades denunciadas, no obstante, van más allá de que el concurso no se considere de consolidación. Las fuentes denunciantes apuntan, por ejemplo, a que uno de los miembros del tribunal forma parte del comité de empresa y que otros dos mantienen una relación de matrimonio.
En el primero de los casos al parecer el citado miembro se recusó del tribunal una vez se supo que formaría parte del comité, aunque su nombre sigue estando presente en las bases disponibles en el portal de empleo de Puertos del Estado. Además, tal y como indica el secretario general de CCOO para la Autoridad Portuaria ferrolana, Fran Pena, se trata de una situación muy inusual sabiendo la proximidad de los comicios a la representación de los trabajadores.

En el segundo de los casos, si bien no se incurre en ninguna irregularidad o ilegalidad, los denunciantes apuntan que el voto de calidad de la presidencia del tribunal daría la mayoría automática a la opinión de esta y su pareja en caso de conflicto.

Por otra parte, los denunciantes argumentan que las bases establecidas para este concurso difieren mucho tanto de las de otros similares de Autoridades Portuarias de toda España como de convocatorias pasadas en Ferrol. Dentro del concurso de méritos, por ejemplo, que supone el 40% de la puntuación total, la experiencia cuenta, como máximo, una cuarta parte de este porcentaje –en otras Autoridades Portuarias, como Tarragona, suma hasta 50 puntos de un total de 80, o en Valencia, con 45–; del mismo modo, si bien se detallan en las bases qué clase de cursos serán considerados, no se ofrecen datos concretos de los mismos.

Finalmente, en lo referente a las pruebas físicas, los denunciantes señalan que tanto la de natación como la de carrera de fondo establecen criterios arbitrarios, dado que otorgan el máximo de puntuación –10 unidades cada uno– por cumplir y superar un determinado tiempo y un máximo tras el cual el candidato quedaría eliminado, pero todo aquel que se situase entre ambas marcas presuntamente quedaría catalogado como apto, pero sin puntuación alguna.

Respuesta oficial
Ante estas acusaciones, el organismo dirigido por José Manuel Vilariño optó por emitir una respuesta oficial con el objetivo de no alterar el procedimiento de contratación. “La Autoridad Portuaria, que es una institución seria, no va a comentar juicios de valor anónimos, sobre todo cuando aparentemente constituyen un intento de alterar en beneficio propio un concurso de contratación de personal transparente, abierto, que cuenta con el aval de los sindicatos y está basado en el principio legal de igualdad de acceso a un empleo público”, recoge el comunicado.

Por el momento se desconoce si los presuntos afectados presentarán en un futuro un recurso jurídico ante esta situación que consideran lesiva.