11º-16º
martes | 16 abril | 2024
La huelga de más de tres meses de los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia supuso un gran retraso en todas las causas y procesos desde su inicio en adelante. Tras finalizar el conflicto, los sindicatos criticaron que la Xunta había anunciado un plan de contingencia completamente alejado de la realidad, contabilizando en torno a las 20 horas las más de 500 perdidas. Esta situación se ha visto agravada, según denuncia Alternativas na Xustiza-CUT, por la falta de reemplazos de aquellos trabajadores de baja.
En un comunicado remitido a los medios, el sindicato señaló que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha priorizado el ahorro económico a un mejor servicio en este organismo, ejemplificándolo con una trabajadora del Juzgado de lo Social número dos de Ferrol, que desde el pasado 5 de noviembre está de baja laboral sin que sea asignado ningún interino o empleado de refuerzo.
La entidad asegura que pese a las llamadas y escritos presentados tanto por la letrada de la Administración de Justicia como por el propio sindicato “o silencio é a única resposta”. El ente ha destacado también que la Xunta “recaudó” cuatro millones de euros de los salarios de los funcionarios en huelga, criticando, además, que la negociación para la finalización del conflicto se realizó “ás costas dos traballadores”. En cuanto a la acumulación de trabajo, CUT ofreció una comparativa entre el tercer trimestre de los años 2017 y 2018, destacando un aumento del 29% en el número de procedimientos –de 439 a 572–, del 1.400% en los escritos pendientes de proveer –de 11 a 172– y del 40% en las ejecuciones –de 67 a 94–.
Así, el sindicato acusó a la Xunta de escudarse en que los trabajadores, a la hora de solicitar la baja, “descoñecen se será de longa duración”, asegurando que el auténtico motivo es el ahorro para poder “pregoar nos medios públicos o superávit acadado”. Como consecuencia, el sindicato asegura que la única opción para los funcionarios es cambiar de órgano judicial.
Por último, la CUT señaló que los juicios pendientes “estánse a sinalar para o mes de setembro de 2019, co conseguinte perxuizo para os traballadores que acoden para solventar a súa situación laboral aos xulgados do social”. l
