9º-17º
martes | 23 abril | 2024
El convenio entre Concello y Defensa que permitiría el desarrollo urbanístico del acuartelamiento Sánchez Aguilera y la cesión de una decena de propiedades desafectadas de usos militares vuelve a ponerse sobre la mesa tras meses de impás y al disponer el ejecutivo del informe de intervención municipal en relación con el estado del convenio.
Hoy está previsto que el tema sea debatido en la comisión de Urbanismo, pero el grupo del BNG ya se ha posicionado, solicitando, una vez más, la nulidad de este acuerdo, frente al que el ejecutivo de Jorge Suárez no acaba de posicionarse, apostando, en principio, por la modificación de algunos aspectos antes que por la ruptura definitiva.
Para el BNG existen argumentos suficientes para declarar la nulidad del convenio tanto por la falta de trámites esenciales como por la ausencia de informes de fiscalización además de por irregularidades manifiestas en el mismo.
Tras conocer el informe de Intervención, el grupo del que es portavoz Iván Rivas señala que hay aspectos que se recogen en el documento que justifican la nulidad del acuerdo, como la carencia del informe de fiscalización por parte de Intervención, lo que, apunta el BNG, “supón unha infracción moi grave en materia de xestión económica e causa a anulabilidade deste acordo” o la prohibición de efectuar ingresos como el realizado por el PP en su día por valor de 140.000 euros sin haberse producido la aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos que sustentan el convenio y que aun hoy siguen sin efectivizarse como el plan de reparcelación, sin aprobar hasta el momento.
Para el BNG, además, supondría una irresponsabilidad asumir las obligaciones de conservación de las propiedades del estado “sen determinar o seu importe nin as consecuencias que deso se derivan”.
Pago de tributos
Asimismo, los nacionalistas rechazan que el Concello se haga cargo de los tributos sobre propiedades de las que el Ayuntamiento no es titular y de las “debería facerse cargo inxecusablemente o Ministerio de Derfensa”.
La falta de justificación del interés general, más allá de la de carácter económico, y que debería basarse en aspectos urbanísticos distintos a los que contempla el acuerdo –460 nuevas viviendas y un centro comercial– sería otra de las razones para la ruptura del convenio, que plantea el BNG.
El grupo nacionalista en el Concello reclama la anulación del convenio suscrito en el anterior mandato del Partido Popular, la solicitud de devolución al Ministerio de Defensa de los 140.000 euros abonados y las exigencias al Ministerio del pago de los tributos que le corresponde por ser titular de las propiedades incluidas en el convenio, que todavía no han pasado, en ningún caso, a propiedad municipal, por lo que sería responsabilidad del Estado tanto los tributos como su mantenimiento.
