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miércoles | 24 abril | 2024
El problema de los edificios particulares en ruinas o de las deficiencias en inmuebles que pueden poner en peligro la seguridad ha supuesto a las arcas municipales en lo que va de mandato un gasto de 600.000 euros, 400.000 ya ejecutados y otros 200.000 que se invertirán ahora en la obra del edificio incendiado de San Xoán y en el muro de Fenya.
Con esta cuantía, como recordó ayer la concejala de Urbanismo, María Fernández, podría haberse urbanizado una calle entera de la ciudad, por lo que recordó que los propietarios tienen que ser responsables del mantenimiento de sus propiedades.
De no serlo, como indicó, el área de Urbanismo se tiene que hacer cargo de forma subsidiaria de las actuaciones que pongan en peligro la seguridad de edificios o ciudadanos. En este sentido, el trabajo llevado a cabo desde el área de disciplina urbanística ha sido ingente estos años, explicó María Fernández.y en este mandato se abrieron más de 300 expedientes de disciplina urbanística, 272 diligencias previas y se impusieron 98 multas coercitivas a propietarios. Las órdenes de ejecución alcanzaron la cifra de 236 y los expedientes de ruina en marcha llegan a 66.
La apuesta del ejecutivo de Jorge Suárez por la rehabilitación –la edil de Urbanismo asegura que también aumentaron notablemente estas obras– se compaña con la Inspección Técnica de Edificios, se llevaron a cabo unos 500 expedientes, que determinan el estado de los inmuebles antiguos. Aunque la concejala considera que la imagen de la ciudad mejoró notablemente en este sentido, llamó la atención sobre los propietarios que no cumplen con el mantenimiento de sus propiedades, bien porque no pueden o porque no quieren.
Procedimiento
El caso del edificio de San Xoán que ardió el pasado mes de septiembre es uno de ellos y hasta proceder a la orden de ejecución que acometerá el Concello con fondos públicos ha habido un largo proceso por un procedimiento regulado por la ley.
De este modo, en primer lugar se llevan a cabo las órdenes de ejecución para que las cumpla el propietario y de no ser así se inicia un proceso de multas coercitivas, que pueden ir desde los 1.000 hasta los 10.000 euros y que se repiten hasta que no se responde por parte del propietario. El último recurso es el inicio del expediente de actuación subsidiaria, del que debe avisarse nuevamente al propietario y abrir otro plazo para que pueda arreglarlo. Si nuevamente no cumple, es cuando se incoa el expediente pidiendo una autorización judicial para actuar en una propiedad privada.
Aunque las ejecuciones subsidiarias es preciso llevarlas a cabo, sobre todo en casos de peligro para la vía pública, la edil reconoció que “é complicado executalas porque teñen que contar cos avales técnicos e xurídicos e non se poden facer dun día para outro".
Tras la ejecución, se produce una reclamación a la propiedad por el importe invertido. l
