La CIG acusa al Gobierno de limitar el desarrollo del sector del biodiésel

La Federación de Industria de la CIG denunció ayer que las disposiciones del Gobierno están restringiendo el normal desarrollo del sector del biodiésel y que la comarca de Ferrol es una de las más directas y gravemente perjudicadas en todo el país. Alberte Amado, Fernando Branco y Anxo Fernández pusieron de relieve ayer en rueda de prensa que, tras años de parálisis hasta que España sacó una orden de cuotas, al igual que pasa en otros países, ahora el Gobierno ha limitado al 4,1% la obligación mínima de mezcla, que para este 2015 tenía que ser del 7%.
Los representantes de Industria de la central nacionalista sospechan que la política del Gobierno con respecto a este sector responde a las presiones de las grandes multinacionales petroleras. Frente a esto, Alberte Amado señaló que países como Italia, Portugal o Finlandia están aumentando sus cuotas de utilización de biodiésel y que únicamente Reino Unido, Croacia y Grecia tienen una obligación de producción que está por debajo de la que marca España.
Unos días después de que los trabajadores de la planta que opera Masol Iberia Biofuel en el puerto exterior de Ferrol –propiedad de Infinita Renovables– denunciasen que se les pretende aplicar el tercer ERE en cuatro años, Fernando Branco recordó “o teatro” que se montó en 2008, al abrigo del Plan Ferrol, cuando aterrizaron en la comarca tres plantas de biodiésel y se proclamó que en ellas se produciría casi el 50% de la demanda nacional. La de Biocarburantes Peninsulares, en Río do Pozo, nunca llegó a ponerse en marcha; la de Entabán, en el puerto exterior, entró en concurso de acreedores en 2012 y fue a liquidación y la que queda, perteneciente a Infinita Renovables, sufre una total parálisis. De los 120 puestos de trabajo directos que aportaban las tres instalaciones, recordó el responsable de la CIG, quedan solo los 34 de esta última planta, amenazada por un nuevo ERE en el que algunos ven un cierre encubierto. “Que salgan e expliquen onde foron os diñeiros públicos –señaló Branco–; aquí hai responsabilidade política”.
La planta de Infinita Renovables es una de las que se creó con ayudas públicas, concretamente cinco millones de euros del Ministerio de Industria y otros cinco que llegaron a través del Igape. Es una de las plantas importantes de biodiésel en España, con 300.000 toneladas de producción anual asignada, y que Masol parece decidida a sacrificar en beneficio de la que tiene en Cartagena, con idéntica cuota, y en Castellón, con 600.000 toneladas. Hay en total 21 plantas en España con un volumen de fabricación asignado por el Gobierno, aunque en muchos casos es pequeño, como la otra que hay en Galicia, situada en Begonte, que únicamente refina 33.000 toneladas de aceite.  
Después de casi dos años de parálisis, el desembarco de Masol en mayo pasado, con el alquiler de las instalaciones de Infinita en Ferrol y Castellón, parecía despejar el futuro. Anxo Fernández, miembro de la Federación de Industria y además presidente del comité de esta planta, comentó ayer el mal estado anímico de la plantilla después de cuatro años de agonía. Recordó que, pese a las esperanzas que supuso la llegada de Masol, sólo se ha puesto en producción la planta en agosto y que la empresa ha recurrido a los trabajadores, eso sí, para ir a Castellón a realizar dos puestas en marcha.