Miércoles 12.12.2018

El astillero de Fene, en la encrucijada

La antigua Astano se asoma al final de tres décadas de vetos sin pistas sobre su futuro

La factoría naval de Navantia Fene, la antigua Astano, se asoma al final de un veto que dura ya treinta años sin ninguna pista sobre cuál será su nueva vida.

Vista desde lo alto de la grúa pórtico del astillero fenés	Jorge Meis
Vista desde lo alto de la grúa pórtico del astillero fenés Jorge Meis

La factoría naval de Navantia Fene, la antigua Astano, se asoma al final de un veto que dura ya treinta años sin ninguna pista sobre cuál será su nueva vida. El sindicato CCOO ha expresado en los últimos días su rechazo a una posible segregación de los astilleros militares y civiles y, sobre todo, ha reclamado una vez más que se abra el diálogo y la negociación sobre el plan que, nadie lo duda, el Gobierno ha trazado para el grupo público.
El astillero de Fene, que ha sufrido sucesivos vetos desde los ochenta y una política de abandono en los últimos años, parece de nuevo destinado a permanecer fuera del plano principal que el Gobierno reservaría a las factorías militares. Primero fue el ministro socialista José Solchaga, durante el primer Gobierno en mayoría absoluta de Felipe González en 1983, el que “sacrificó” a Astano para entrar en la Unión Europea. España tenía que reducir su capacidad de producción en este sector y para cumplir se prohibió la construcción naval civil convencional en la factoría de Perlío y en la vasca de Olaveaga, mientras que continuaban, sin consecuencias, los otros astilleros civiles de AESA en Puerto Real, Sevilla y Sestao, pertenecientes también al INI.
Aquel primer veto político a Astano, al que un gobierno de la Xunta en manos de Manuel Fraga no consiguió poner freno, se plasmó en el Real Decreto Ley 8/1983 de 30 de noviembre sobre Reconversión y Reindustrialización. Como consecuencia de ello el astillero de Fene emprendió un nuevo camino en el ámbito de la construcción offshore, en el que consiguió significativos logros. El segundo acto en la historia de las sucesivas censuras productivas que ha sufrido el astillero de Perlío tuvo lugar en 1997, cuando, dependiendo de la fuente consultada, el primer Gobierno de José María Aznar no consiguió levantar el veto de Europa o bien decidió prorrogarlo diez años más.
El siguiente Gobierno de Aznar, ya con mayoría absoluta, fue el que decidió en el año 2000 fusionar Bazán y los civiles de AESA, a los que pertenecía Astano, y llamar a la nueva compañía Izar. El grupo de astilleros militares absorbió los Astilleros de Cádiz, Astano, Juliana Manises, Puerto Real, Sevilla y Sestao, que acumulaban grandes pérdidas, poniéndoles el precio de venta de siete pesetas. Esta fue una de las operaciones que la Unión Europea denunció por tratarse de ayudas ilegales. La cantidad que Bruselas reclamó a España, a través de tres expedientes abiertos entre 2000 y 2003, ascendió a 1.342 millones de euros.   
La patata caliente pasó al Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, que en 2004 ganó las elecciones, creó la nueva Navantia y negoció con la Comisión Europea el veto que expira el próximo 1 de enero de 2015. Una vez más, Fene salió mal parado. Tanto a este astillero como al de San Fernando se les adjudicó sólo el papel de astilleros subsidiarios de Ferrol y Puerto Real en la construcción de buques militares. Diez años después y a cuatro meses de que terminen las limitaciones, el Gobierno del popular Mariano Rajoy mantiene un mutismo escamante sobre cuál va a ser el destino del astillero fenés.
Tal como viene denunciando la parte social, el astillero ha caído en el abandono y no se han realizado las inversiones que serían necesarias para volver a la producción. Tampoco hay contratos a la vista y el personal se ha reducido por debajo de las 200 personas. Los sindicatos se preguntan por qué Navantia e Iberdrola anunciaron ya hace meses un contrato para la fabricación de una subestación para el parque eólico marino de Wikinger en Cádiz, mientras se mantiene en suspenso la promesa de los jackets que devolverían la actividad a Fene. A todo ello se ha sumado la decisión que ha terminado por disparar todas las alarmas: Navantia pasa a depender del Ministerio de Defensa, volcado en la creación de un grupo industrial militar de envergadura. Por si acaso, los sindicatos ya han advertido: su proyecto pasa por una Navantia diversificada, con construcción naval civil y militar. n

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