lunes 18.11.2019

Arranca el juicio contra los excargos de la Xunta por el dragado de la ría

Los dos acusados supuestamente trataron de ocultar un informe negativo de impacto medioambiental
Área de la ría en la que se efectuó el dragado | apfsc
Área de la ría en la que se efectuó el dragado | apfsc

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de A Coruña solicitó una pena de seis años de cárcel y la inhabilitación para Carlos Muñoz y Rogelio Fernández, dos exaltos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, por la falsificación de documentos que hicieron posible el dragado de la ría de Ferrol en 2011. Los acusados, que ejercieron en su momento de jefe del Servicio de Conservación da Natureza de A Coruña y subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, respectivamente, serán finalmente juzgados por el organismo provincial los días 24 y 25 tras seis años de investigación y trámites.

Ambos excargos habían sido citados en 2016 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en calidad de investigados junto al que fuera director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón, y exjefe del servicio de Análises e Proxectos, Javier Turrillo, a raíz de una denuncia interpuesta por la asociación ecologista Adega. En aquella ocasión se señaló que tanto Muñoz como Fernández estaban siendo investigados desde 2013 por el caso que esta semana será juzgado.

Así, según el documento judicial, los acusados presuntamente habrían forjado un documento –denominado “Nota interior”– que remitieron hasta en dos ocasiones a la Fiscalía para tratar de justificar y ocultar la existencia de un informe de impacto medioambiental desfavorable sobre el proyecto de dragado. Al parecer, mediante dicho documento se pretendía crear la ilusión de que dicho informe resultaba inválido y que era necesaria la elaboración de uno nuevo.

Esta “Nota”, no obstante, no constaba en el expediente de obra original –se elaboró en realidad una vez los trabajos habían concluido–. De esta forma, para tratar de ocultar este hecho, los acusados elaboraron otros tres documentos con el fin de dar credibilidad al anterior: en primer lugar una diligencia fechada de 2010 en la que constaba que la fecha plasmada en la primera no era correcta, creando así la ilusión de que había habido una incidencia –enturbiando así el rastro del mismo en caso de querer investigarlo–; y en segundo lugar, dos oficios administrativos. En el primero de ellos se solicitaba la revisión de un expediente de 2012, con el que, según la Fiscalía, se trataba de “dar credibilidad a esta incidencia”. El otro, paralelamente, trataba de justificar las discrepancias en las fechas.

De esta forma, la Fiscalía considera que, “ante un delito continuado de falsedad de documentos públicos”, se solicita una pena de seis años de prisión para cada uno, una multa de 24 meses bajo una cuota de doce euros y la inhabilitación de empleo público durante otros seis años. l

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