Torra y Junqueras llevan a la ONU su denuncia al Supremo por los presos

El presidente catalán, Quim Torra, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, hizo llegar ayer a la ONU su denuncia contra el Tribunal Supremo, tras la denegación de un permiso a los líderes independentistas presos para poder pasar en sus domicilios el confinamiento por el coronavirus.

Ambos decidieron internacionalizar sus quejas, después de que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas denegaran a los presos independentistas este permiso, que sí fue concedido a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió de que si se enviaba a casa a los líderes del “procés” los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Torra envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el 25 de marzo, señaló el president, manifestó públicamente que “ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos”.

Denuncian amenazas
Según Torra, eso no ha sido posible “cumplirlo” en el caso de los líderes independentistas porque el Supremo “advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal”. Desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), Junqueras pidió amparo “urgente” a la ONU y al Consejo de Europa al considerar que “las amenazas del Tribunal Supremo han perjudicado los derechos de todos los presos y ponen en riesgo la lucha contra el coronavirus”.

En sendas cartas enviadas a estas instancias internacionales, Junqueras denunció que las “amenazas” del Supremo han conducido, a su entender, a aplicarles un “trato discriminatorio”.

Mientras tanto, la consellera de Justicia, la republicana Ester Capella, calificó de “inaudito” que el Supremo “coaccione” a las juntas de tratamiento para “influir” en su decisión sobre los presos y pidió a la Fiscalía que investigue los hechos. La gestión de la Generalitat en este asunto motivó en las últimas horas duras críticas por parte de familiares de presos.

Este jueves, Blanca Bragulat, mujer del exconseller preso Jordi Turull, cargó contra el departamento que dirige Capella: “La conselleria de Justicia aprueba el confinamiento domiciliario de 15 presos con un 100.2 (y no son los presos políticos). A partir de ahora quizá que cuando los mencionen hablen de políticos presos”.

Montse Bassa, diputada de ERC en el Congreso y hermana de la exconsellera Dolors Bassa, publicó un tuit crítico: “La Dolors tenía ya la hoja firmada y la madre avisada... Y tenía que salir ayer. Recuerdo que tenía el 100.2 aprobado para cuidar a la madre. Se aplazó la Junta casualmente... Que teníamos al enemigo en Madrid ya lo sabía. Lo que no sabía es que también lo tenemos en casa...”. El hijo de Dolors Bassa se sumó a las críticas desde Twitter: “A partir de hoy, si le pasa algo a mi madre o si no puede volver a abrazar a la abuela (que cuidaba ella con un 100.2 aprobado por el juez), ya no será solo culpa del Supremo...”, escribió Bep Surroca Bassa.