11º-18º
viernes | 19 abril | 2024
La defensa del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que suspenda de forma urgente la pena de inhabilitación que confirmó este lunes el Tribunal Supremo.
En su recurso, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, argumenta que la suspensión de la condena, que el Constitucional acuerda solo en casos excepcionales y penas leves, es necesaria para evitar el “daño irreparable continuado” que la ejecución de la misma causaría tanto a Torra como a terceras personas.
Solicita así que se suspenda la condena de año y medio de inhabilitación que este lunes ratificó el Alto Tribunal por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar una pancartas de apoyo a los presos del “procés” de edificios públicos en la campaña electoral del 28-A.
En concreto, la defensa reclama en este recurso de amparo que, además de declarar nulas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2019 y la del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2020, se adopten las “medidas oportunas para restablecer” a Torra en sus cargos de presidente de la Generalitat y de diputado del Parlament de Cataluña.
La defensa de Torra alega una “urgencia excepcional”, puesto que esta condena, además de despojarle de su cargo de president, le imposibilita a concurrir a cualesquiera procesos electorales mientras dure la misma.
La defensa del expresident sustenta esta petición en el hecho de que la suspensión de los “efectos de la pena no ocasiona perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona”, y esgrime, asimismo, que existen precedentes de suspensión de la pena de inhabilitación especial en la jurisprudencia.
La defensa de Torra aduce que la condena del Supremo persigue el “objetivo político de derrocar al presidente de la Generalitat y su Gobierno a cualquier precio “mediante una “pretendida pátina de legalidad”, y denuncia la “sistemática utilización de la JEC” como “ariete partidista” contra el independentismo.
Para la defensa del expresident, la sentencia supone una “absoluta desproporción” en cuanto a la libertad de expresión y al ejercicio de cargo público, así como un “sacrificio inaceptable” al derecho de representación política o de cargo electo.
Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional anunció que estudiará el 6 de octubre si admite a trámite el recurso del expresidente de la Generalitat.
Fuentes del TC informaron de que el pleno decidirá también si admite la solicitud de Torra de suspender de forma urgente la ejecución de esta sentencia.
En su primer día tras ser inhabilitado por el Supremo, Torra visitó a los independentistas presos en la cárcel de Lledoners.
