Los peritos de Hacienda apuntalan la malversación de los exconsellers en sus declaraciones

Cuatro peritos de Hacienda apuntalaron la acusación de malversación al ver irrelevante que la Generalitat pagara o no los encargos del 1-O, ya que el perjuicio a las arcas públicas, de al menos 917.000 euros, se generó porque se prestaron servicios que inexorablemente conllevaron un compromiso de pago.

La prueba pericial en el juicio del procés comenzó ayer con cuatro funcionarias de Hacienda, que rebatieron la estrategia de las defensas que gira en torno a que el 1-O no comportó “ningún perjuicio” en el erario público, ya que todas las facturas fueron rechazadas y, por tanto, los empresarios no cobraron jamás.

Romeva y Turull
Lo hicieron desde un examen contable y normativo de todos los movimientos de la Generalitat vinculados con la logística del 1-O que deja tocados a los acusados, especialmente a Jordi Turull y Raul Romeva, cuya seriedad de ayer contrastaba con la imagen alegre de estos días en el Senado y el Congreso, ya que la mayoría de los acusaciones ponen el foco en sus departamentos.

En su opinión, es intrascendente que un encargo se haya pagado o no para determinar una presunta malversación, ya que la deuda de la administración aparece cuando se realiza el trabajo.
De manera tajante dijo una de ellas: “La obligación de pago existe en el momento en que existe un encargo del servicio, prestación del servicio y buena fe del contratista. Entendemos que el gasto está realizado independientemente de que haya estado no pagado”.

Eso sucede con el caso de los anuncios de las vías del tren que emitió la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que remitió dos facturas de 112.747 y 223.396 euros rechazadas por Presidencia al considerar esos servicios “gratuitos”.

Caso distinto es el de Unipost, clave para las acusaciones. Las peritos apenas entraron en detalles porque cuando elaboraron su análisis en febrero de 2018, todavía no se contaba con toda la documentación de esta empresa relativa al 1-O.

Es por ello que cifraron la malversación en al menos 917.648 euros impuestos excluidos, entre gastos de los anuncios de las vías, pagos de Diplocat a presuntos observadores del 1-O, la campaña de catalanes en el exterior o un anuncio de una conferencia en el Parlamento Europeo, entre otros.

El tribunal también asistió a una lección sobre la desobediencia civil de la mano de dos sociólogos solicitados por el líder de Ómnium, Jordi Cuixart, que hnegaron que hubiese una “escalada de violencia” en Cataluña más allá de agresiones “puntuales” fruto de una “falta de disciplina no violenta” y siempre en respuesta a la acción policial el 1-O.

Han calificado el 20S como un “acto de protesta y persuasión” en el que Cuixart siempre apeló a la “actitud pacífica” y en la que los daños a los vehículos de la Guardia Civil se produjeron por “pequeños actos” y también por esa “falta de disciplina”.

Al margen de las periciales, varios testigos de las defensas desvirtuaron la relevancia de Carme Forcadell en las decisiones clave de aquel otoño, al dibujar un papel institucional durante el 20-S sin arengar a las masas ni tener idea de algunos tuits que se enviaban desde su cuenta, porque los escribía y mandaba un asesor.

Y trazaron un perfil independiente en su etapa al frente de la ANC para desarticular la pata social que representaban, según las acusaciones, Ómnium y ANC en la arquitectura del procés, ya que esta última no tenía relación alguna con los partidos y marcaba su propia hoja de ruta.