• Miércoles, 26 de Septiembre de 2018

El Govern y los líderes del procés instan a la Fiscalía a revisar la rebelión y la prisión

El Govern y las defensas de los líderes del procés instaron ayer a la Fiscalía a mover ficha y aprovechar el “nuevo contexto”

 

El Govern y los líderes del procés instan a la Fiscalía a revisar la rebelión y la prisión

El Govern y las defensas de los líderes del procés instaron ayer a la Fiscalía a mover ficha y aprovechar el “nuevo contexto” abierto a raíz del relevo en su cúpula para revisar la acusación por rebelión y la prisión preventiva ante la “oportunidad” que abrió la justicia alemana.
Un día después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein aceptara la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de malversación, pero no por rebelión, las defensas de los nueve líderes independentistas presos emplazaron ayer a la Fiscalía a efectuar una “relectura más prudente” de la prisión preventiva y de la imputación por rebelión.
En una rueda de prensa conjunta, los abogados de los nueve presos anunciaron además que solicitarán en bloque a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que excarcele a los encausados, que desde esta semana permanecen ingresados en las cárceles catalanas de Lledoners, en Barcelona, y Puig de les Basses, en Girona.
Pese a ser conscientes de que la decisión del tribunal alemán no tiene “repercusión directa en términos legales” sobre la causa del procés, los abogados plantearon a la Fiscalía un “win win”, ya que creen que, con el “nuevo contexto” que se abre tras el relevo en la Fiscalía General del Estado, el ministerio público tiene ahora una “oportunidad” para revertir el “desprestigio” que supondría mantener una acusación “desproporcionada”.
Las defensas dejaron claro que esta apelación a la Fiscalía es solo un “desiderátum” ya que no tienen ningún “input” en el sentido de que el ministerio público vaya a rebajar sus planteamientos, si bien se mostraron confiados en que mueva ficha con el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado.
“En el nuevo contexto de la Fiscalía se puede entender que ellos también pueden resolver un problema propio”, apuntó Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras, que cree que la nueva situación es una oportunidad para el ministerio público “si quieren dejar de ser criticados y comparados con los estados menos democráticos de Europa”.
En la misma línea, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, afirmó ayer que la decisión de la justicia alemana crea un “buen momento” para que la Fiscalía aproveche la “oportunidad” de dar un giro” en su postura hacia los encausados por el procés. “Tienen una ocasión, que veremos si desean aprovechar o persistir en el error”, indicó Artadi, que insistió que “todo el mundo que vive en Cataluña sabe que no hubo rebelión”.
A la espera de la reacción del Tribunal Supremo, que se plantea rechazar la entrega de Puigdemont si solo es por malversación, la Fiscalía alemana está pendiente de crear las “condiciones organizativas necesarias” para llevarla a cabo, según dijo la portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.
Precisamente, VOX, única acusación particular en la causa contra los dirigentes del proceso soberanista catalán, pidió al Tribunal Supremo que retire las órdenes de detención y entrega internacionales dictadas contra los políticos fugados si no se autoriza la extradición por todos los delitos que se les imputa.
Paralelamente, Puigdemont pidió al Supremo que anule la decisión del juez Pablo Llarena de suspenderle de sus cargos públicos, ya que entiende que no se da ninguno de los requisitos para dicha suspensión y además que la última palabra correspondería al Parlament.
En un recurso, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, insta a la sala penal de alto tribunal a anular la suspensión para función y cargo público acordada para su cliente por parte del juez Llarena en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El escrito alega que la suspensión no cumple “ninguno de los requisitos” establecidos en la ley, ya que Puigdemont, que todavía mantiene su acta de diputado autonómico, no se encuentra en prisión preventiva ni fue procesado por delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.