Arrestan a treinta personas por el desvío de fondos de cooperación en Cataluña

Arrestan a treinta personas por el desvío de fondos de cooperación en Cataluña
Varios policías se dirigen hacia la entrada de la sede de la Diputación de Barcelona | toni albir (efe)

La Policía Nacional detuvo ayer a 30 personas y practicó una veintena de registros, en una macrooperación ordenada por el juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU.
Fuentes cercanas al caso informaron de que la operación, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acarreó la detención de Salvador Esteve, que presidió la Diputación entre los años 2011 y 2015, precisamente la etapa que está bajo sospecha por presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.

Quinientos agentes
Entre la treintena de detenidos en la macrooperación, que movilizó a unos 500 policías nacionales, figura además el subdirector general de Cooperación Local del Departamento de Gobernación Jordi Castells, a quien el juez atribuye un papel clave en el presunto fraude mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas.
Otro de los principales detenidos es Víctor Terradellas, fundador y directivo de las asociaciones Catmon e Igman, dos de las principales entidades que percibieron las ayudas bajo sospecha y de las que es socio fundador Francesc Dalmases, diputado de JxCat en el Parlament.

El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima mecanografiada que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación.
La investigación, que llevó a cabo en los últimos dos años la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.
De hecho, los investigadores analizarán la documentación incautada en la veintena de registros practicados ayer para averiguar cuál era el destino final de esos fondos desviados, que todavía se ignora, y determinar si era para actividades privadas o “para fines públicos diferentes o ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres”, apunta el juez en sus autos de entrada y registro.

Alcaldes del PDeCat
En concreto, la investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a empresas y entidades –algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCat, según el juez–, en unos procesos de adjudicación que adolecen de numerosas irregularidades.

Otras irregularidades que menciona el juez es que se utilizaron actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo.

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